Por Erwin Sandoval Gallardo *
“Golpe en medio ambiente” titulaba un medio nacional, al conocerse que el Subsecretario de Medio Ambiente retiró 43 actos administrativos de su último trámite (Oficio 1707/2026) antes de cobrar plena existencia jurídica: Toma de Razón por parte de Contraloría General de la República. Sumándose, con ello, a una lectura estrecha –limitada solo a lo “ambiental”– de la decisión adoptada por el Ministerio de Medio Ambiente.
Al respecto, no podemos sino partir sosteniendo que sí, es efectivo que vivimos en tiempos de crisis –Emergencias, más bien–: Crisis de contaminación, de biodiversidad y emergencia climática, cada una con severas implicancias e impactos sobre nuestras comunidades y territorios. Las normas retiradas de su trámite ante Contraloría General de la República, precisamente, están dirigidas a enfrentar las referidas crisis y cuyo retraso implica –sobre todo para territorios y comunidades más vulnerables–, retrasar necesarias y urgentes medidas en favor de las personas.
Entre las normas mencionadas no solo se encuentran aquellas que declaran nuevas Áreas Protegidas o medidas de Recuperación, Conservación y Gestión de Especies con graves amenazas a su conservación, por citar un par de ejemplos; sino que igualmente se encuentran Decretos con importantes y urgentes medidas en materia de contaminación y su impacto sobre la salud de la población. Entre ellas, la que establece la “Norma de emisión para centrales termoeléctricas”; la “Norma primaria de Calidad del Aire para material particulado fino MP 2,5”; la que “Establece Norma de Emisión para Fundiciones de cobre y Fuentes emisoras de arsénico” o la que aprobaba la “Norma primaria de calidad del aire para Plomo”
Sin duda, para la crisis o emergencia de contaminación ambiental que enfrenta nuestra región, el retiro del Plan de Descontaminación de la Zona Saturada de Puerto Aysén y su área circundante constituye una negativa decisión de parte del ejecutivo; en tanto, retrasa la implementación del único instrumento que nuestra legislación regula y que concentra medidas públicas y privadas para enfrentar la contaminación atmosférica de nuestras ciudades y sus efectos sobre la salud pública de la población (con énfasis en infancias, embarazadas, adultos mayores y población de riesgo).
Esta decisión y señal política agrega, además, una innegable e importante cuota de incertidumbre respecto a la mantención de los esfuerzos tendientes a actualizar el Plan de Descontaminación Ambiental de Coyhaique; cuyo Anteproyecto hoy se encuentra en Consulta Pública.
Pero no es la única estocada que, de parte del nuevo gobierno, recibe esta URGENCIA de contaminación constatada en nuestras principales ciudades de Aysén. Ello porque, en una región en que su matriz energética aún mantiene una predominancia de generación diésel – con empresas, como Edelaysén S.A., que inclusive hoy buscan perpetuar la generación termoeléctrica, a través de la modificación de la vida útil de la Central Chacabuco –; el anunciado incremento de las tarifas de los combustibles ciertamente que inviabiliza toda política pública de descontaminación que implique una mayor utilización de energía eléctrica.
Asimismo, las medidas de aislamiento térmico de viviendas –con la consecuente generación de empleo e inversión que genera–, sin lugar a dudas se verá impactada por el encarecimiento del transporte de materiales de construcción hasta la región; dificultando la implementación de otra de las medidas que contiene el Plan de Descontaminación Ambiental de Puerto Aysén.
Hoy, con la reciente medida anunciada por el Ministro de Hacienda, resulta previsible que en el mediano plazo, habrá un retorno o un incremento en la utilización de leña húmeda –más barata– para usos domiciliarios; incrementando los niveles de contaminación, la consecuente afectación a la salud de las personas y presionando nuestra red de salud (que deberá asumir una rebaja de presupuesto sectorial de un 3%).
Si no se corrige –o no se fuerza al Gobierno a corregir- las consecuencias de estas decisiones se sentirán no solo en términos ambientales o económicos; siendo previsible que, los “ajustes” promovidos por el ejecutivo, también los terminaremos pagando con la salud – y, en muchos casos, la vida – de los habitantes de Aysén.
* Erwin Sandoval Gallardo es presidente de la Corporación para el Desarrollo Sustentable de Aysén, Codesa Chile.
