* Por Paulina Schwaner
El Juzgado de Letras del Trabajo de Coyhaique, en sentencia emitida recientemente, ha condenado al Ministerio Secretaría General de Gobierno (MSGG) -es decir al Estado- por vulnerar mi Garantía de Indemnidad al no renovar mi Contrata como funcionaria de dicha repartición en Aysén aseverando, sobre la base de las pruebas presentadas, que se ejerció una clara represalia en mi contra por haber denunciado acoso y maltrato laboral de parte de nuestra jefatura directa.
Precisamente, la dolorosa convicción de estar siendo víctima de una injusta vendetta política por parte de un “lote” del Partido Socialista, me llevó a denunciar la vulneración de mis derechos fundamentales al ser desvinculada de mi cargo por dicho ministerio. Mantuve ese convencimiento a lo largo de los 18 meses que duró el juicio, hasta que ahora la justicia me ha dado la razón.
La sentencia judicial refuerza que la Garantía de Indemnidad que me asistía fue vulnerada a través de la represalia en mi contra, por denunciar acoso y maltrato laboral de mi jefatura. Para ello, el juez compara -en su sentencia- la forma de actuar del MSGG en mi caso y en el caso de otra funcionaria con igual estatus contractual al que yo ostentaba. Como dicha funcionaria no sufrió maltrato ni acoso laboral de la exautoridad -debido a su nexo de amistad con ella- no sólo no hubo denuncia de su parte, sino que el Nivel Central del MSGG renovó su contrata automáticamente.
Quien tomó la decisión de desvincularme fue una autoridad del Nivel Central que ya dejó su cargo. Tomó la decisión política de dejarme sin trabajo pese a que la División Jurídica del MSGG ya tenía en curso un Sumario Administrativo no sólo por mi denuncia, sino que también por la del Jefe de Gabinete por similares acusaciones: acoso y maltrato laboral. Tampoco le importó -a la autoridad que me desvinculó- el que la Mutual de Seguridad hubiese diagnosticado en mi caso la enfermedad laboral denominada "trastorno adaptativo" como consecuencia directa de "una jefatura hostil y disfuncional". Nada de eso fue obstáculo para que primara en ella la decisión de someterme a una vendetta política, a modo de “castigo”, por denunciar a una acosadora y maltratadora laboral socialista. Lo irónico es que su vengativa decisión de desvincularme no tendrá que pagarla ella, sino que será el Estado el que deba resarcirme por los daños económicos y morales a los que me sometió su decisión. O, visto de otra forma, serán las y los chilenos quienes tendrán que pagar, con sus impuestos, su injusta, negligente y revanchista decisión.
Mi desvinculación fue ampliamente conocida en la región de Aysén, a través de los medios de comunicación. También fue conocida en Santiago, por la presidenta y el Secretario General del PS, pero ninguno de ellos hizo nada ante un evidente caso de represalia hacia una militante que no pertenecía a ninguna tendencia interna dentro del partido. Por el contrario, quienes sí hicieron un esfuerzo para evitar este acto de represalia fueron la Asociación de Funcionarios de la Segegob, la ANEF Aysén y el Colegio de Periodistas, que en diciembre de 2024 solicitaron al MSGG reconsiderar mi desvinculación. No obstante, las autoridades en funciones simplemente desoyeron tales peticiones. Evidentemente, después de todo lo mencionado, renuncié a mi militancia de 20 años en el PS, ya que no podía seguir perteneciendo a un partido cuya conducta ética y moral resultaba incompatible con la mía.
Al respecto, y cuando yo ya no era militante, fui denunciada por la propia exseremi de Gobierno -quien obviamente siguió militando- ante el Tribunal Supremo del PS por supuestas "acusaciones infundadas", agregando que estas acusaciones habrían generado “un daño al PS” e influido en la imagen pública de la colectividad, lo que habría incidido en la no reelección de la gobernadora de Aysén. Claro, era mucho más fácil echarle la culpa a mi denuncia por acoso y maltrato laboral, que asumir que se perdió la elección por una mala gestión política y partidaria.
Como denunciante de acoso y maltrato laboral, me fue enviada la resolución exenta del Sumario Administrativo del MSGG, firmada por el expresidente Gabriel Boric el día 21 de noviembre de 2025 -recién 1 año 4 meses después de que se iniciara la investigación sumaria- que dictaminó imponer una medida disciplinaria a la exseremi de Gobierno por tres casos (de siete presentados), documento que efectivamente acredita que sí cometió conductas vulneratorias contra distintos funcionarios. Sin embargo, ¿qué pasó con mi denuncia por acoso y maltrato laboral? La Fiscal del Área Jurídica del MSGG la desestimó, haciendo caso omiso de la calificación por enfermedad laboral causada por la disfuncionalidad y hostilidad de mi jefatura, emitida por la Mutual de Seguridad, teniendo en cuenta que, para fines de noviembre de 2025, mi juicio en contra de ese ministerio ya estaba en marcha. Esto demuestra, una vez más, que el caso fue políticamente manipulado por las autoridades superiores del MSGG, pues si esta Secretaría de Estado hubiese acogido mi denuncia por acoso y maltrato laboral -en contra de la exseremi de Gobierno designada por ellos mismos- y con mi juicio laboral en curso, habría sido como dispararse en los pies.
No quisiera terminar sin antes poner de relevancia la importancia de no callar ante la injusticia laboral y pese a tener todo en contra, como sucedió en mi caso. La injusticia cometida conmigo me ha significado un enorme daño emocional y económico, habida cuenta que hace 20 meses que no tengo un trabajo estable y que pese a haberlo buscado sistemáticamente, no lo he encontrado, debiendo reinventarme profesionalmente. Todo lo que pasó -el maltrato laboral, la denuncia por acoso y maltrato y la posterior desvinculación como represalia política- mermaron mi ánimo y autoestima. Tuve que dejar Aysén, dejar mi casa, vender un auto que me había comprado semanas antes de mi desvinculación e irme vivir con familiares a otro punto del país. Por ello, no hay sentencia judicial ni resarcimiento económico por daño moral que pueda reparar todo el dolor que he tenido que soportar.
No obstante, hoy puedo pararme orgullosamente porque nunca me rendí, incluso pese a que el primer juicio -que ya me favorecía ampliamente- fue anulado por la Corte de Apelaciones de Coyhaique a petición del CDE y, por lo tanto, hubo que iniciar un segundo juicio partiendo desde cero, el que ahora vuelve a reconocer que yo tenía la razón. Ha sido un largo, complejo y doloroso camino, pero siempre tuve la convicción de que había actuado correctamente y que por eso, precisamente, iba a ganar la demanda, porque la vendetta había sido demasiado grosera y descarada. Cierro este negro episodio de mi carrera laboral con la convicción de que sigo siendo la misma profesional del periodismo que destaca por su excelencia, con un vasto currículum nacional e internacional y una amplia experiencia laboral. La misma periodista que, desde que se llevó a cabo su injusta y maliciosa desvinculación, no ha podido ejercer nuevamente aquella hermosa profesión por la que -pese a todo- aún conserva un profundo cariño.
*Paulina Schwaner es periodista
