Por Sermo Ferox
La reciente resolución de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt que acogió la solicitud de desafuero del senador Miguel Ángel Calisto debería provocar algo más que comunicados, declaraciones partidarias y el habitual desfile de opiniones políticas sin profundidad.
Conviene hacer una precisión indispensable: Calisto no ha sido condenado. La resolución no establece culpabilidad y la investigación debe continuar respetando el debido proceso y la presunción de inocencia. Pero tampoco corresponde fingir que no ha ocurrido nada. Un tribunal consideró que existen antecedentes suficientes para permitir la formación de causa. Eso es serio, y debería serlo para todos, sin distinción política.
En Chile tenemos una tradición bastante conveniente: si investigan al adversario, hablamos de corrupción; si investigan al compañero, hablamos de persecución. Cuando el problema está en la vereda de enfrente, exigimos responsabilidades inmediatas. Cuando aparece en la propia casa, nos acordamos de las garantías constitucionales, de la prudencia y del debido proceso.
Las garantías, por cierto, son para todos. La decencia también debería serlo.
Pero el asunto tiene una dimensión adicional que en Aysén no podemos ignorar. La región cuenta con apenas dos senadores. No diez. En una zona que históricamente reclama mayor presencia del Estado y mayor capacidad de decisión sobre su propio desarrollo, cada espacio de representación nacional importa, por lo que resulta bastante contraproducente que uno de esos escaños esté hoy condicionado por un proceso judicial.
Mientras en Santiago probablemente estarán haciendo cálculos sobre mayorías, alianzas y equilibrio parlamentario, aquí deberíamos formular una pregunta bastante más concreta:
¿Qué significa para Aysén tener una representación política disminuida o eventualmente suspendida?
Porque los problemas de la región no quedaron en pausa, siguen pendientes la conectividad, la infraestructura, la salud, la vivienda, el costo de la energía, las dificultades para emprender y una larga lista de asuntos que conocemos de memoria. Tampoco desapareció la histórica sensación de que las grandes decisiones nacionales se toman demasiado lejos y ya usualmente sin comprender la realidad de quienes vivimos en territorios extremos.
En ese contexto, perder capacidad de representación no es un detalle. Y aquí conviene ampliar la mirada. El problema no es solamente Calisto y sus secuaces. Sería demasiado fácil convertir todo esto en una disputa personal y dejar intacta una cultura política que hace tiempo necesita una revisión.
En Aysén, como en buena parte de Chile, la política se ha acostumbrado demasiado a la fotografía, al comunicado, al video para redes sociales y al anuncio que promete resolverlo todo. La fiscalización se transforma en espectáculo y la gestión pública en una competencia por aparecer primero frente a la cámara.
Lo que parece menos frecuente es hablar de estándares, para administrar recursos públicos, para rendir cuentas, para asumir errores, para separar los intereses personales de las responsabilidades institucionales.
El cargo parlamentario tampoco es propiedad de quien lo ocupa. El fuero protege la función parlamentaria; no constituye un privilegio personal ni una inmunidad frente a la justicia. Y una elección popular tampoco transforma a un político en una categoría especial de ciudadano. Si Calisto es inocente, tendrá derecho a que así lo establezcan las instituciones correspondientes. Si la investigación termina demostrando responsabilidades, deberá responder por ellas. Ambas cosas pueden sostenerse simultáneamente sin necesidad de convertir el caso en una batalla entre fanáticos o en una procesión de un santo autocanonizado.
Eso sería bastante saludable.
Convengamos también que un senador de esta región no administra un pequeño espacio de poder personal. Tiene la obligación de defender intereses territoriales que muchas veces compiten en desventaja con los de regiones mucho más pobladas y políticamente influyentes. Por eso, cuando uno de esos espacios queda comprometido por una investigación judicial, el costo no es solamente individual, también existe un costo institucional y existe, además, un problema de confianza. La ciudadanía puede tolerar que un político sea investigado. Lo que resulta mucho más difícil de tolerar es que la política responda ante cada problema con una mezcla de victimización, tribalismo partidario y cálculo electoral. Aysén merece algo mejor que eso.
No corresponde declarar culpable a Calisto antes de que los tribunales terminen su trabajo. Pero tampoco corresponde exigir a los ciudadanos que apaguen su sentido crítico hasta que exista una sentencia definitiva. La responsabilidad penal y la responsabilidad política no son exactamente lo mismo, es más, esa distinción debería ser obvia, tanto, que deberíamos preguntarnos por qué seguimos aceptando como normal que la política termine tantas veces hablando de sus propios problemas cuando debería estar ocupándose de los problemas de la gente.
Aysén no necesita más discursos sobre lo abandonada que está, ni más lamentos sobre lo poco que nos entienden en Santiago, necesita representantes que entiendan que, precisamente por estar tan lejos del poder, no pueden darse el lujo de ejercerlo mal, y quizá esa sea la parte que más molesta: Aysén no está condenada a tener malos representantes. Los elige. Y después, demasiadas veces, los vuelve a elegir, así como malos alcaldes se han convertido en Gobernadores y malas Gobernadoras en parlamentarias.
Así que antes de culpar nuevamente a Santiago por nuestro abandono, tal vez convenga mirar un poco más cerca, porque una región puede ser olvidada por el Estado, sin embargo, lo verdaderamente imperdonable es que sus propios representantes terminen dándole razones al Estado para olvidarla.
