Por Patricio Espinoza Bravo | Periodista | @patricioeb
Para este reportaje desde DeNota.cl pedimos a la Seremi de Bienes Nacionales de Aysén conocer lo siguiente:
¿Cuántos inmuebles fiscales hay en la Región de Aysén? (Identificar número de ellos por comuna). ¿Cuántos de éstos están ocupados por funcionarios públicos como habitación? ¿Quiénes son? (Nombre, RUT, Repartición y Grado). ¿Por cuántos años los han ocupados? ¿Cuánto pagan por la casa fiscal? ¿Cuántas personas viven en la vivienda fiscal? ¿Cuántas se asignaron en el Gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric? ¿Cuáles son las medidas de control para fiscalizar si los titulares y/o cónyuge tienen vivienda propia? ¿Cuántas fiscalizaciones se han hecho desde el año 2022 en adelante? También el número de casas fiscales a nivel nacional y el desglose por región.
El alquiler soñado
Si no tiene casa propia tiene que arrendar, es una máxima. ¿Se imagina pagar casi 41 mil pesos por un inmueble que cuesta unos 700 mil mensual en Coyhaique? Sería fantástico ¿Cómo acceder? Aquí DeNota le cuenta sobre el abuso del sistema, que cuenta con todo un entramado que lo hace legal, pero muy cuestionable desde lo ético en pleno siglo XXI.
El valor mensual de un alquiler -promedio- en la capital regional de una casa de tres dormitorios, uno o dos baños, cocina y living, está entre los 550 y los 750 mil pesos o más. Los más económicos se ubican en los sectores periféricos de la ciudad. Sin embargo, hay un selecto grupo de personas que pueden acceder a una vivienda a un costo casi simbólico: entre 36 mil y 64 mil pesos de arriendo. Esta es la privilegiada realidad de -se supone- 40 familias en la Región de Aysén donde al menos un integrante es funcionario público.
'No tengo la cifra exacta'
Lo más llamativo de la información entregada por la Seremi de Bienes Nacionales es que la propia titular -Irina Morend, geógrafa de la Universidad Católica de Valparaíso y Magíster en Desarrollo Rural de la Universidad Austral-, junto a su Unidad de Catastro, reconoció que sólo manejan un número “aproximado” de destinaciones vigentes. Es decir, no existe claridad exacta sobre cuántas viviendas están siendo ocupadas ni bajo qué criterios.
Obtener los datos precisos se volvió un 'Vía Crucis', además del incumplimiento de los plazos estipulados para responder, decidieron enviar la solicitud de información hecha por este medio a través de la Ley de Transparencia a todos los servicios públicos del país. Sí, está leyendo bien ¿Qué costaba pedir esos antecedentes a nivel central de Ministerio de Bienes Nacionales? (Nosotros lo hicimos y, adivine, aún no llegan).
Si bien la ley establece que estos inmuebles deben destinarse, prioritariamente, a funcionarios cuyas labores requieren presencia permanente o que no cuentan con vivienda en el lugar de destinación, la misma normativa —especialmente el artículo 85 del Estatuto Administrativo— permite la cesión incluso cuando el funcionario o su cónyuge posean casa propia, lo que abre una dimensión ética difícil de soslayar: asignaciones acomodadas, ocupaciones prolongadas por más de 30 años y beneficios que, aunque ajustados a la norma, terminan generando un ahorro millonario que puede llegar a superar los cientos de millones de pesos. Todo legal y cuestionable.
¿Se cumple el 'espíritu' de las tres leyes?
El objetivo del beneficio siempre ha sido dar una solución habitacional a funcionarios que deben desempeñarse en zonas aisladas, regular el uso, administración y disposición de bienes fiscales corresponde al Decreto con Fuerza de Ley N°1 de 1985 (Ministerio del Interior); por su parte la Ley N°18.834 (Estatuto Administrativo), obliga a funcionarios a usar correctamente los bienes del Estado y sanciona el uso indebido. En otra arista, la Ley N°18.575 (Bases Generales de la Administración del Estado), define la probidad y responsabilidad en el uso de bienes públicos.
Quien interpreta y fiscaliza la correcta asignación de viviendas fiscales es la Contraloría General de la República y su titular, Dorothy Pérez, informó a fines de septiembre de 2025 que su repartición se “encuentra realizando una investigación especial sobre el uso de viviendas fiscales (…) Adicionalmente, está elaborando un instructivo sobre la correcta aplicación de la normativa referente a la asignación, conservación y devolución de las viviendas fiscales, por parte de los funcionarios públicos".
¿Cómo 'andamos por casa'?
Desde Bienes Nacionales, a través del Ordinario N°2013 del 18 de noviembre de este año, la seremi Irina Morend informó que en la región “actualmente existen, aproximadamente, 40 destinaciones vigentes a servicios públicos de la Región de Aysén”.
Después de esta cifra relativa, el documento advierte que el modelo catastral del servicio “no tiene atributos que permitan identificar si un inmueble destinado a un servicio público es utilizado específicamente como vivienda para arriendo de funcionarios o para otros objetivos institucionales (edificio institucional, oficinas, bodegas, etcétera)”. Sí, leyó bien, “bodegas”.
Lo anterior no es lo más risible, porque la repartición encargada de 'administrar y resguardar el patrimonio fiscal' habla de números 'aproximados' de inmuebles habitacionales y de las seis reparticiones de Aysén, que han enviado sus datos, sumamos hasta el cierre de este reportaje 71 casas fiscales; de los años de ocupación de éstas, se lo detallaremos luego. Sin embargo, le compartimos un adelanto: es legal, pero incómodo.
Un trasfondo ético discutible
En Chile, e indudablemente en la Región de Aysén, la ciudadanía enfrenta costos habitacionales crecientes y simplemente a muchos no les alcanza para arrendar. Sin embargo, el sistema evidencia que más allá de los casos excepcionales, donde realmente aplica la norma, hay en la asignación y ocupación de una vivienda fiscal un terreno fértil por la falta de control y los conflictos de probidad -o el abuso directamente-, revelando un patrón cuestionable.
Algunos de los casos más recientes que ha comprobado la Contraloría General de la República -a nivel nacional- resultan grotescos:
2015: Un exfuncionario de una institución pública mantuvo una vivienda fiscal por más de tres años después de dejar el cargo. Se calificó el hecho como una ocupación ilegal del bien público y se ordenó iniciar acciones judiciales para la restitución del inmueble.
2017: Una funcionaria permitió que un familiar habitara una vivienda fiscal. Para Contraloría, esto implicó mal uso del bien público y motivó la instrucción de un sumario administrativo.
2018: Una jefatura asignó una vivienda fiscal a una persona sin necesitarla, vulnerando el principio de probidad que rige la administración pública.
2021: Se descubrió que una vivienda fiscal estaba siendo usada para arrendar habitaciones a turistas. El organismo instruyó un sumario, ordenó la recuperación del inmueble y estableció la obligación de compensar al Estado por uso indebido.
Una marca histórica
De acuerdo con los datos entregados por la propia Contraloría General de la República a DeNota, advierten que tiene 213 casas fiscales a nivel nacional y que los alquileres van desde los 37 mil pesos para los funcionarios de menor rango, a los 69 mil para los sueldos más altos.
En Aysén el servicio cuenta con diez inmuebles públicos que son destinados a uso habitacional. Sin embargo, nuestra región presenta uno de los casos de ocupación más prolongados de la historia del beneficio: 33 años, desde febrero de 1992, donde se le asignó casa a una funcionaria cuyo sueldo bruto, en diciembre de 2025, superó los cinco millones de pesos.
Sin embargo, nuestro top de ocupaciones por la mayor cantidad de años -en todo el país- está en nuestra querida región. El número uno registra una marca histórica de 34 años para un funcionario de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Aysén, quien desde 1991 usa una casa fiscal, lo que se traduce en un ahorro aproximado de $244.800.000 (Se calculó con un promedio de 600 mil pesos mensuales de arriendo).
Aysén en números
De las “aproximadas 40 destinaciones vigentes”, como informa la Seremi de Bienes Nacionales de Aysén y que ya sabemos que no es así, también identificó los servicios que cuentan con estos inmuebles en la Región de Aysén:
Ministerio de Obras Públicas | Dirección de Vialidad No Informa
Ministerio de Obras Públicas | Dirección General de Aguas No Informa
Ministerio de Obras Públicas | Dirección General de Aeropuertos No Informa
Ministerio de Obras Públicas | Seremi de Obras Públicas No Informa
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 37 casas fiscales con ocupaciones de 14, 16, 20, 18. 17, 28 y 34 años
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | Dirección Regional de Gendarmería No Informa
Seremi de Desarrollo Social y Familia 6 casas fiscales, ocupaciones de 7, 11, dos de 14 años, y una de dos décadas.
Ministerio de Vivienda y Urbanización (SIC) | Serviu: 5 casas, dos ocupaciones de 29 años y una de 20 años
Ministerio del Interior y Seguridad Pública 4 casas fiscales. Omite una y no informa años de ocupación.
Consejo de Defensa del Estado No Informa
Contraloría General de la República 10 casas fiscales con ocupaciones de 11, 12 y 33 años
Seremi de Bienes Nacionales 4 casas fiscales, ocupación máxima 6 años.
Servicio de Salud Aysén 5 casas fiscales. No informa años de ocupación.
Total Informado: 71 casas fiscales ocupadas como habitación.
Ahora ¿Quiénes son los beneficiarios? Desde jefaturas, grados profesionales, técnicos y administrativos, de acuerdo con los datos obtenidos. Sin embargo y definitivamente el 83% de los servicios públicos de la región no respondió ¿Retraso? ¿Omisión? O más trabas para que estos antecedentes no lleguen a la ciudadanía.
Saquemos cuentas
En la región hay una gran cantidad de servicios públicos que no cuenta con edificio propio y desde hace décadas, o simplemente desde su instalación en Aysén, se han visto en la obligación de arrendar con altos costos y con contratos que presentan cláusulas leoninas en caso de término anticipado y ante otras vicisitudes ¿Por qué el Fisco no se ahorra esa cantidad de millones anuales si Bienes Nacionales dispone de los inmuebles? Muchos de ellos muy centrales.
Por otra parte, tomamos en cuenta algunos casos de ocupaciones, haciendo un paralelo con el costo de un arriendo para los ciudadanos no públicos; sin duda, hay una cantidad de dinero que se ahorran quienes llevan 6, 8, 10, 13, 16, 20, 29 y 33 años viviendo en una casa fiscal.
Tome lápiz y papel
Servicio de Vivienda y Urbanismo: Una ocupación desde 1996, es decir 29 años asignada a una funcionaria de planta con un sueldo bruto de $ 4.191.268, pagando por la casa fiscal $69.146 pesos mensuales. Su ahorro aproximado es de $208.800.000.
Servicio de Salud Aysén: Una ocupación desde 2023, doce años asignada a una funcionaria de contrata con un sueldo bruto de $ 4.772.056. Su ahorro aproximado es de $86.400.000.
Si tiene una ocupación de 15 años, se traduce en un ahorro de $108.000.000, si son 20 años es igual a $144.000.000. Suficiente como para pensar en la casa propia ¿O no?
(Se calculó con un promedio de 600 mil pesos mensuales de arriendo)
Chile en 'algunos' números
En 2018 había 17 mil 895 inmuebles públicos destinados para habitación en las tres ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Los valores de los alquileres van desde los siete mil pesos a los 43 mil, porque sólo se consideran entre un 4% y un 5,5% del sueldo base.
Ejército de Chile: 6.929
Armada de Chile: 5.414
Carabineros de Chile: 4.210
Fuerza Aérea de Chile: 1.342
Del resto de los servicios públicos, dependientes del Estado no sabemos con certeza.
Una historia verdadera
Durante el segundo mandato de Michelle Bachelet se escribió uno de los capítulos más elásticos del sistema de viviendas fiscales en la Región de Aysén. Un seremi inició una relación con una subalterna -militante de la oposición para más contexto- y, con el paso del tiempo, el vínculo comenzó a rendir frutos administrativos. Hubo ascensos, aumento de grado y, casi al cierre del gobierno, asignación de casa fiscal.
La historia nunca ha dejado de ser comentario de pasillo. El jefe de servicio terminó separado, el clima laboral se tensó y el episodio quedó convenientemente encapsulado en el silencio institucional. Con Sebastián Piñera en La Moneda, el exseremi partió a trabajar fuera de Coyhaique. Sin embargo, volvió y a lo conocido: a vivir, sin mayores explicaciones, a la misma vivienda fiscal que él mismo había otorgado.
El caso fue fiscalizado, como corresponde, pero la investigación no llegó muy lejos. El detalle decisivo fue que los hijos de la pareja no llevaban el apellido del padre -al menos hasta 2025-. Un tecnicismo suficiente para que todo siguiera exactamente igual.
'No más privilegios'
¿Por qué resulta tan complejo entregar información básica sobre viviendas fiscales? ¿Por qué dilatar respuestas, fragmentar datos y hablar siempre en términos “aproximados”? ¿Es falta de capacidad técnica, desidia administrativa o una comprensión demasiado flexible de la transparencia?
Estamos en pleno siglo XXI, con sistemas digitales y bases de datos interconectadas. Conocer cuántas casas fiscales existen en Aysén debería ser un trámite de minutos, no una odisea burocrática. Tal vez el problema no sea la tecnología, quizás sea a quién incomoda la publicación del catastro. ¿A los ocupantes? ¿A los que alquilan oficinas a los servicios? Muchos de ellos públicos también.
En la segunda parte de este reportaje detallaremos asignaciones particularmente sensibles en el corazón de la Patagonia chilena, donde un principio básico parece haberse extraviado: ningún funcionario puede ocupar una vivienda fiscal en la misma localidad donde él o su cónyuge poseen una propiedad.
La norma existe. La pregunta es si alguien está dispuesto a hacerla cumplir.
La evaluación de lo expuesto queda a su criterio.
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