Alinco en seis criterios: Abuso, Lenguaje soez, Ideológicamente inestable, Necedad, Conflictos y Oportunismo político

Por Patricio Espinoza Bravo | Periodista | @patricioeb

El presente texto no surge del ejercicio de la retórica y menos como una simple descalificación. Todo lo contrario, se construye sobre una trayectoria marcada por denuncias que no siempre llegaron a esclarecerse, disputas políticas, enfrentamientos públicos, contradicciones y reiterados cuestionamientos éticos.

Dicho de otra forma, la principal dificultad del diputado René Alinco Bustos no es su prontuario de polémicas, es su disonancia entre el estándar moral que exige hacia fuera y el patrón que su propia trayectoria ha dejado en su fuero interno. 

Lo anterior no convierte en falsas sus denuncias sobre Aysén; varias están apoyadas por antecedentes serios. Pero sí reduce la autoridad ética de quien las formula, porque su expediente muestra una disciplina muy dura con los adversarios y una mucho más indulgente con sus propias zonas grises. 

Aquí el detalle de los criterios en base a seis letras: A, L, I, N, C y O.

En octubre de 2024 surge el episodio más, porque el abogado y asesor Rodrigo Álvarez fue finiquitado con $11,7 millones cargados a fondos de la Cámara (es decir, con la plata de cada contribuyente de nuestro país) y recontratado cuatro meses después con un aumento de remuneración de $1.000.000.

Pese a que el Congreso validó el proceso, porque el diputado acreditó que el asesor no había tomado vacaciones -que son a discreción del legislador-, el problema aquí no es de ilegalidad acreditada, sino de control del gasto y de consistencia ética en el uso de recursos públicos. 

“Yo tomo las decisiones y yo soy el responsable, yo finiquito, despido y contrato”, Alinco a Ciper en abril de 2025.

La expresión puede leerse como una defensa administrativa, pero al mismo tiempo transparenta una comprensión muy concentrada del poder sobre su equipo. 

Otro suceso es el caso del exdiputado Gabriel Silber. 

En 2019, la PDI estableció que el mail anónimo –que lo acusó de violencia intrafamiliar a Silber-, y  que afectó su candidatura a la presidencia de la Cámara salió del celular de una asesora de Alinco; luego se atribuyó la autoría a la pareja de ella, Jaime Varas; también colaborador del diputado. Alinco negó participación directa, defendió a su equipo y relativizó el impacto del correo.

“Silber tampoco iba a ser candidato”, explicó Alinco.

Más tarde, Varas pidió disculpas públicas y la Fiscalía no perseveró en el caso. En tanto, la responsabilidad penal o disciplinaria de Alinco no quedó acreditada en esa causa; lo que sí estuvo expuesto fue la aparición de su círculo de confianza en una maniobra que golpeó una negociación institucional de primer nivel. 

Hay dichos cuya autoría es indiscutida, porque fueron pronunciados en público por el propio diputado. En noviembre de 2022, tras ser acusado de llegar a la Cámara con “hálito alcohólico”, contestó que a algunos colegas “les molesta el olor a pueblo” y sugirió que en oficinas del Congreso podían encontrarse “más de una botellita”. 

En marzo de 2026, en una sesión de Comisión de Obras Públicas, acusó que el embajador de Estados Unidos en Chile era “agente de la CIA”.  El patrón se refuerza cuando el mismo mes calificó al gobierno saliente de Gabriel Boric como “arrogantes, flojos y corruptos”. 

La expresión no es un exabrupto aislado, forma parte de un estilo verbal que mezcla afirmaciones máximas y baja economía retórica. 

Alinco suele defender ese registro como 'sinceridad popular' o 'franqueza obrera'; pero periodísticamente importa subrayar que la crudeza verbal no lo absuelve de responsabilidad pública. Al contrario, le exige más precisión, porque cada desborde aumenta el costo reputacional de sus propias denuncias. 

Su biografía pública ya arranca con una fractura, porque siendo candidato a diputado del Partido Comunista  en 1993, fue expulsado por haber forjado un pacto de no agresión con el socialista Hernán Vodanovic. 

Después fue concejal independiente, luego del Partido Por la Democracia, renunció al PPD en 2010 y se integró al entorno de Marco Enríquez-Ominami con la tesis que “la Concertación no responde a las necesidades de la gente”. La secuencia no es ilegal ni excepcional en la política chilena; lo discutible es que Alinco suele presentar cada desplazamiento como un acto de pureza política, más que como una recalibración táctica. 

Esa elasticidad se volvió especialmente visible en junio de 2022, cuando alcanzó la presidencia de la Comisión de Control del Sistema de Inteligencia del Estado con votos de Renovación Nacional, Republicanos y un independiente ligado a la Unión Demócrata Independiente, contrariando el acuerdo del oficialismo que apoyaba a Jorge Brito. 

Dos años después, La Tercera informó que exploró un comité “transversal e instrumental” con Pamela Jiles y Johannes Kaiser; el pacto no prosperó, pero dejó una frase reveladora del propio Alinco: 

“Yo soy un hombre de izquierda, pero creo que se hace necesario en la Cámara que los independientes hagamos una acción unitaria”. 

La distancia entre esa identidad declarada y la plasticidad de sus alianzas es precisamente lo que habilita el juicio de incoherencia. 

El ciclo en 2025 volvió a mostrarlo. Tras denunciar que PS y PC lo vetaron de sus listas en Aysén, Alinco terminó compitiendo en fórmula con Miguel Ángel Calisto dentro del paraguas de la  Federación Regionalista Verde Social –Acción Humanista. La situación es relevante porque Calisto en ese entonces enfrentaba el  proceso de desafuero e investigación por fraude al fisco, mientras Alinco sostenía, al mismo tiempo, un discurso muy enfático sobre probidad contra otras autoridades regionales. No se trata de afirmar una contradicción jurídica -la presunción de inocencia rige para todos-, sino de observar una contradicción política donde la vara moral se vuelve más flexible cuando la alianza conviene electoralmente. 

El punto es que la ética pública no se repone por épica autobiográfica. Se reestablece por conducta consistente posterior tras cada polémica y ahí el registro del honorable vuelve a ser vacilante. 

Alinco apareció en un reportaje del 2022 sobre asesores que ejercieron roles de campaña. En el caso de Felipe Vera, CIPER dejó establecido que, antes del cambio normativo posterior, no existía prohibición expresa para que un asesor a honorarios ejerciera como administrador electoral. En otras palabras: no todo lo éticamente cuestionable en el entorno de Alinco fue ilegal; pero la suma de esos desbordes dibuja una pedagogía pública deficiente sobre probidad. 

El problema no es que Alinco polemice; es que una y otra vez pierde el control de la escena o elige conscientemente un tono que degrada el debate hasta volverlo indistinguible del escándalo. Y cuando esa conducta se repite durante más de una década, deja de ser circunstancial para transformarse en rasgo de actuación pública. 

Aquí la mejor evidencia está en la producción reciente de denuncias en Aysén. Solo entre 2025 y 2026, Alinco presentó una denuncia ante la Fiscalía por 1.979 funcionarios públicos de Aysén que habrían salido del país usando licencias médicas; exigiendo una comisión investigadora. Anunció, además, acciones ante Contraloría por el incidente de la seremi de Transportes con Carabineros y solicitó revisión de irregularidades constructivas y sanitarias en la Escuela Altos del Mackay de Coyhaique. Ese activismo es real y permanente. 

Sería injusto reducir todo eso a mero cálculo mediático. En varios casos, sus denuncias descansan sobre antecedentes previos de Contraloría o sobre conflictos materiales concretos de la región, como la demora de los proyectos habitacionales. También gestionó reuniones con el ministro de Vivienda para los comités de la chacra G2 y respaldó una indicación para asegurar financiamiento del centro oncológico regional. El problema, entonces, no es que denuncie. El inconveniente es la selectividad y el contraste entre la severidad con que juzga a determinadas autoridades y la elasticidad con que administra sus propios costos reputacionales o sus alianzas tácticas. 

En este punto aparece la frase más útil de toda la serie: “La probidad no es negociable para nadie”, declaró en noviembre de 2025, al emplazar a Andrea Macías. 

La sentencia es políticamente eficaz, pero choca con dos planos del mismo expediente. Primero, con el reportaje de CIPER sobre el finiquito y recontratación de su asesor con fondos públicos. Segundo, con su disposición a construir fórmula con Miguel Ángel Calisto mientras este estaba bajo fuerte controversia judicial. Sumados a su historial de desplazamientos partidarios y a sus pactos tácticos, esos antecedentes no invalidan automáticamente sus denuncias sobre Aysén; pero sí obligan a leerlas como parte de una estrategia política en la que la fiscalización también funciona como blindaje narrativo, reposicionamiento electoral y herramienta de diferenciación frente a “los otros”. 

Un dato curioso para recordar: en mapudungun, 'Alinco' significa 'agua del árbol caliente' o 'agua ardiente'. Hecha esa aclaración, conviene precisar otro antecedente: René Alinco Bustos no fue uno de los impulsores del primer retiro del 10% de los fondos previsionales, aprobado en 2020 -en plena pandemia-, pese a que suele presentarlo en sus redes sociales como parte de su gestión política. La iniciativa fue promovida y tramitada por otros legisladores; Alinco participó de su votación, pero no fue autor ni promotor original del proyecto.

Próximamente, la tercera parte de esta crónica.