El saldo humano, económico y social del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional en Argentina, dejó una profunda e imborrable huella en el vecino país.
Hace 50 años, las fuerzas armadas trasandinas derrocaron a la presidenta constitucional, Isabel Perón, y tomaron el poder iniciando un periodo de 7 años, repletos de desaparecidos, torturas, ejecutados, familia desmembradas y una crisis económica, cuyas secuelas persisten hasta nuestros días.
El Informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que fue presentado a la sociedad en 1984, documentó 8.961 casos de desapariciones forzadas, aunque organismos de derechos humanos, como las Madres de la Plaza de Mayo y las Abuelas de la Plaza de Mayo, aseguran que las cifras asciende a 30.000 personas .
Durante esos 7 años se crearon más de 800 centros clandestinos de detención y miles de personas fueron torturadas de modo sistemático. Más de 500 niños y niñas, nacidos en cautiverio muchos de ellos, fueron apropiados, ilegalmente, y la gran mayoría entregados a familias vinculadas a las fuerzas armadas. A la fecha, las agrupaciones de derechos humanos han logrado recuperar a 140 nietos, cuyos padres y madres fueron continúan desaparecidos.
Un caso tristemente emblemático es el de la Escuela de Mecánica de la Armada, la ESMA, hoy exEsma y Museo de la Memoria, por donde pasaron más de 5000 detenidos y 4800 de ellos fueron arrojados vivos al mar, en vuelos organizados por la Armada Argentina. Uno de los aviones SkyVan, cuya participación fue comprobada por la justicia en uno de los "vuelos de la muerte", se exhibe en los patios de la exEsma como un recordatorio del horror.
La represión no solamente se fijó en la desapareción. Más de 10.000 personas fueron encarceladas por razones políticas y cerca de medio millón de argentinos debieron exiliarse, en una de las diáspora más numerosas de la historia argentina.
Existe a la fecha un número indeterminado de muertos en operativos represivos y enfrentamientos creados por la dictadura, aunque se estima que hubo miles de ejecuciones extrajudiciales.
El plano económico no escapó a los impactos del régimen de facto. Liderado por el ministro José Alfredo Martínez de Hoz, el modelo impuesto significó que la deuda externa pasara de 7.000 millones de dólares en 1976, a más de 45.000 millones de dólares en 1983. La desindustrialización fue evidente y se extremó la concentración de la riqueza. La debilidad del aparato productivo nacional fue a la par de la especulación financiera, creció la pobreza y la desigualdad. Se cerraron 20.000 fábricas mientras se multiplicaban los centros secretos de detención. La inflación acumulada en todo el periodo fue de %517.000, aunque se gastaron más de 500 millones de dólares en la organización del Mundial de Fútbol Argentina 1978. Mientras tanto, los sindicatos, el congreso argentino y los partidos políticos estaban silenciados.
Como un horrible broche de oro, la guerra de Las Malvinas dejó un saldo de 649 soldados argentinos muertos y más de 1.000 heridos, lo que precipitó el fin del régimen. 350 excombatientes se suicidaron después de la guerra.
LA JUSTICIA
En 1985, tras el retorno a la democracia con Raúl Alfonsín a la cabeza, se inició el histórico Juicio a las Juntas Militares, que procesó a los principales líderes militares de la dictadura. Se trató de un caso inédito, pues lo encabezaron tribunales civiles y por primera vez América Latina veía cómo se juzgaba a exgobernantes de facto por masivas violaciones a los derechos humanos.
Las principales condenas recayeron en el dictador Jorge Rafael Videla, quién recibió cadena perpetua y falleció en 2013 en el baño de su celda en la Cárcel de Marcos Paz. El cerebro de los "vuelos de la muerte" e integrante de la Junta Militar. Emilio Eduardo Massera, también fue condenado a cadena perpetua.
Roberto Viola, quien ejerció como presidente de facto desde 1981, recibió 17 años; el almirante Armando Lambruschini, 8 y Orlando Agosti, 4 años y medio.
A fines de los 80, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida, y más tarde, los indultos que otorgó el entonces presidente Carlos Menem, significaron un retroceso en los derechos humanos en Argentina. Fue a partir de los años 2000 que el Gobierno de Néstor Kirchner impulsó la anulación de dichas leyes y los juicios fueron reabiertos.
A la fecha se han dictado más de 1.100 condenas por delitos de lesa humanidad y se han llevado a cabo cientos de juicios en toda la nación Argentina. Además, como lo dictan organismos internacionales. los delitos fueron considerados imprescriptibles.
Hoy por hoy, muchos represores están cumpliendo sus condenas en cárceles comunes y algunos, por su avanzada edad, cumplen arresto domiciliario. No pocos han muerto en prisión, antes de recibir su sentencia definitiva.
Con todo, Argentina se convirtió en el primer país en juzgar a sus dictadores con sus propios tribunales y sostiene, a la fecha, una política de memoria, verdad y justicia, cuestión que se ve amenazada cada 24 de marzo, con el discurso del Gobierno del libertario Javier Milei, que ha sido acusado de negacionista por promover una historia paralela a los hechos ya sancionados.
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