El Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 27, emanado desde la Contraloría General de la República, titulado 'Debilidades en el registro contable de inmuebles fiscales destinados y uso sin destinación vigente', informó que se identificaron 6.415 bienes destinados y no contabilizados, de ellos 377 están en la Región de Aysén, siendo la quinta con más casos de este tipo, detrás de la Metropolitana (981), O’Higgins (910), Valparaíso (838) y Coquimbo (419).
A la vez, el documento, expone que hay 3.238 bienes inmuebles que representan más de $451.000 millones en terrenos y edificaciones contabilizados sin destinación vigente a nivel nacional. En el escenario local se estableció que hay 488 inmuebles en las mismas condiciones.
Ahora la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales, encabezada por Geoconda Navarrete, tendrá que dar respuesta a los requerimientos de la Contraloría, que abarcan la observación del período del segundo semestre del 2025. Lo anterior se traduce en la cifra más alta de las 16 regiones, cerca del 15 %, seguida de la Metropolitana (379) y Los Lagos (377).
Esta situación ya fue evidenciada, en parte, por DeNota, que en 2025 solicitó información a Bienes Nacionales cuando la Seremi era Irina Morend y su Unidad de Catastro no pudo identificar cuántas viviendas estaban destinadas a habitación en Aysén. Además, nuevamente se pidió la información después del 11 de marzo de este año y la respuesta siguió siendo deficiente.
Pese a que Aysén es una región con mucho territorio fiscal y pocos habitantes, las cifras que evidencia la CIC N°27, llama poderosamente la atención y ahora tendrán 90 días para subsanar las observaciones, regularizar y formalizar las destinaciones. Si no se cumple habrá sumarios y otros procedimientos disciplinarios.
El reporte cruzó información de inmuebles fiscales de 109 organismos públicos con los registros de Bienes Nacionales, detectando más de 3 mil propiedades sin destinación vigente y otras 6 mil destinadas, pero sin registro contable en el país.
De acuerdo con el análisis, ambas situaciones pueden afectar la integridad y confiabilidad de la información financiera del sector público, además de dificultar una adecuada gestión y control del patrimonio fiscal.
La CIC Aquí: https://n9.cl/31foth
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