Las acciones judiciales comienzan el 25 de junio de 2025, cuando el Consejo de Defensa del Estado se querella criminalmente contra el diputado en ejercicio, Miguel Ángel Calisto. Se trata de un parlamentario ex demócrata cristiano, ahijado político de Adolfo Zaldívar, cuyo nombre de pila utilizó Miguel Ángel para bautizar a su hijo. A la fecha de la querella por fraude al fisco, Miguel Ángel Calisto figuraba como independiente vinculado a Demócratas. Más tarde lo vincularían a Amarillos y finalmente postularía al Senado por un cupo del Frente Regionalista Verde Social, una suerte de resumidero político, donde fueron a parar varios que perdieron el domicilio durante el año electoral.
La querella del Consejo de Defensa del Estado acusa el desvío de más de 100 millones de pesos, correspondientes a asignaciones parlamentarias del diputado Miguel Ángel Calisto hacia pagos de asesorías que nunca se ejecutaron, es decir, se trata de servicios que si bien fueron contratados y pagados, en realidad nunca existieron. Fraude al fisco, dice la Fiscalia.
Los otros imputados en esa causa son Carla Nicole Graf Toledo, Roland Andrés Cárcamo Catalán y Felipe Ignacio Klein Vidal, ex candidato a Consejero Regional.
La denuncia que recibe la Fiscalía Regional de Aysén apunta a pagos irregulares y transferencias de dinero entre cuentas de colaboradores de Miguel Ángel Calisto y personas cercanas. El principal investigado es, por cierto, el futuro senador de la República, mientras que su exasesora, Carla Graf, figura como el centro del esquema de supuestas asesorías falsas.
Roland Cárcamo y Felipe Klein figuran como colaboradores activos en esta trama.
El 4 de agosto de 2025, la Corte de Apelaciones de Coyhaique acogió la solicitud de desafuero del diputado Calisto y autorizó que se abriera una causa por el delito de fraude al fisco . Este desafuero fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia el 21 de noviembre del año pasado, lo que permitió al Ministerio Público continuar con la persecución penal.
El 16 de noviembre Calisto es elegido senador por la circunscripción de Aysen con el 32% de los votos.
Dos meses después, el juez Mario Devaud determinó que la elección le devolvía su fuero parlamentario a Calisto, lo que a su juicio suspendía temporalmente la formalización penal. Tanto el Ministerio público cono el Consejo de Defensa del Estado solicitaron revocar la suspensión, lo que fue finalmente acogido por la Corte de Apelaciones y se rechazó el argumento de suspensión por fuero.
En resumen, el 14 de enero Calisto fue formalizado junto a los otros tres imputados por delitos reiterados de fraude del fisco por más de 100 millones de pesos, vinculados a asesorías que nunca se habrían prestado entre 2018 y 2022. Se sospecha que parte de esos recursos fueron a parar a campañas parlamentarias.
Paralelamente, otras investigaciones salpican a Calisto, pues están vinculadas a sus cercanos, asesores y a su equipo de Comunicaciones.
El primero dice relación con las conversaciones que se filtraron entre Calisto y su equipo, y que dan cuenta de la creación de una maquinaria para publicar apoyos falsos al diputado en redes sociales, a partir de perfiles creados especialmente para esa misión ilegal, incluso suplantando identidades de personas que ya se han referido al caso, como el periodista del Gobierno guatemalteco, Francisco Antinao, cuyo nombre e imagen fueron utilizados por el equipo de Calisto para sembrar un panorama de respaldo engañoso al diputado formalizado. Antinao reveló al medio FastCheck que “es la primera vez que escuché el nombre de él”.
Es evidente que podrían configurarse los delitos de suplantación de identidad y falsificación informática. Es decir, al fraude al fisco, podrían sumarse estos nuevos hechos, que viniendo de un periodista parlamentario son todavía más graves, pues desconoce la ética de la función profesional en cuestiones básicas del ejercicio periodístico.
Según esos chats, Calisto pagaría “lo que sea” con tal de que alguien pudiese armar un ejército de bots que lo defendiera en redes sociales. Y así lo hicieron durante meses, según pudimos comprobar desde julio de 2025, cuando Calisto fue acusado de grabar y exhibir, sin consentimiento, a menores de edad de noche pintando un muro de la ciudad.
La conversaciones entre Calisto y su periodista, Nicolás Gutiérrrez, son altamente vergonzosas y demuestran una planificación para mentir, suplantar identidades y entregar un falso apoyo al diputado investigado por el Ministerio Público.
La joven legislación digital podría favorecer al diputado, pues en Chile no existe aún una normativa específica respecto de las redes sociales.
Al caso Calisto se suma la formalización de dos investigaciones por delitos de fraude al fisco por obtención fraudulenta de subvenciones. La fiscalía está solicitando la presión preventiva de Carla Graf y Roland Cárcamo por no haber ejecutado los proyectos para los cuales recibieron recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Gobierno Regional de Aysén. ¿Dónde fue a parar ese dinero? Ese es el verdadero “enigma calisto”.
Los imputados postularon a tres proyectos desde la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, Fenats, altamente vinculada a Calisto, de la cual Roland Cárcamo era funcionario. La Fiscalía dice que toda la postulación, la gestión y la rendición de los proyectos fue “un ardid o un mecanismo malicioso” para obtener los fondos públicos, sin ejecutar nunca realmente los proyectos que suman más de 32 millones de pesos. Se trata de un fraude que va en directo desmedro de los habitantes de la Región de Aysén, protagonizadlo por Miguel Ángel Calisto Águila, quien asumirá el 11 de marzo hasta que los tribunales digan lo contrario.
