Por Equipo de Investigaciones DeNota
El detonante: investigación por cohecho de Los Lagos
La trama judicial estalló formalmente cuando el Juzgado de Garantía de Puerto Montt acogió la querella criminal presentada por la administración municipal de esa comuna. La acción judicial imputa a Carolina Ximena Henríquez Navarro el pago de una presunta coima de $500.000 al entonces jefe de gabinete y encargado de eventos municipales, Marcelo Wilson Vallejos. Esto ocurrió, según la querella, el 15 de diciembre de 2022.
La acusación judicial, a la que accedió el equipo de investigaciones de DeNota, señala que la transferencia electrónica fue hecha a una cuenta vista sin contrato, sin orden de compras ni respaldos administrativos; algo así como un “peaje” informal, una coima, para amarrar la producción del árbol de Navidad y la gran fiesta de Año Nuevo 2022 en Puerto Montt.
Pero lo que parecía un escándalo de esa ciudad salpicó de lleno a la Región de Aysén, conectando ambas capitales del sur. Mientras la justicia penal rastreaba las cuentas bancarias involucradas en Puerto Montt, casi 600 kilómetros al sur, en la Municipalidad de Coyhaique, encabezada por el alcalde Carlos Gatica, las firmas vinculadas a la empresaria Carolina Henríquez Navarro ya se habían adjudicado $1.754.184.175, casi 1,8 millones de dólares en solo 3 años.
Se trata de 10 contrataciones entre marzo de 2023 y febrero del 2026. La sospecha recae en la práctica del multirut, ya que las adjudicaciones se hicieron alternando razones sociales, tales como Gestionarte Eventos Culturales Ltda., Chucao Producciones SPA y Carola Henríquez Productora de Eventos EIRL.
La megalicitación bajo la lupa de Contraloría
La tensión escaló hasta un punto de quiebre cuando el alcalde Gatica presentó ante el Concejo Municipal una propuesta de licitación pública para la producción de eventos masivos por $5.000 millones proyectados a cinco años, es decir $1.000 millones anuales, reajustables por IPC, hasta después de su período alcaldicio. Casualmente, la única propuesta que pareció contar con lo requerido provino de la firma vinculada a Carola Henríquez.
La votación se suspendió abruptamente y no hubo explicaciones públicas por parte de la Alcaldía, sin embargo, el secretismo encendió las alarmas en los únicos concejales que hasta ahora, al menos públicamente, han cumplido el rol fiscalizador que les compete, según la ley.
¡Silencio, concejal!
DeNota contactó uno a uno a las y los concejales de Coyhaique, Felipe León, Marcela Agüero, Ricardo Cantín y Yohana Hernández. El silencio fue atronador.
Para la concejala Ana María Navarrete la acusación de cohecho presentada en una querella por el Municipio de Puerto Montt “es grave. No debemos olvidar que la empresa que se menciona es la misma empresa que hace unos días atrás pretendió adjudicar el municipio por más de 5.000 millones de pesos”.
La edil también se refiere a la contradicción interna del municipio entre el organismo de control y la Dirección Jurídica: “Más delicado es que existan informes internos del municipio contradictorios: uno sugiere aprobar el contrato y el otro señala vicios de legalidad en el proceso. Pero más llamativo resulta que la directora de Desarrollo Comunitario anuncie públicamente en radio que se aprobará, que tienen los votos, sin mediar un análisis objetivo ni la respuesta de la Contraloría a quien se le ha pedido pronunciamiento. La prudencia me indica que mientras no se resuelva o se aclare el tema de la empresa, nuestro municipio no debería adjudicar bajo ningún motivo”.
Navarrete cree que la responsabilidad de la falta de control es primero del alcalde Gatica: "La ley es clara: quien propone la aprobación de los contratos al concejo municipal es el alcalde. Nosotros no participamos en la elaboración de las bases técnicas ni administrativas (...) En esa materia quien debe explicar es la administración (...) Me consta como concejala que el director de Control ha intentado fortalecer esa unidad que cuenta con apenas 3 funcionarios. También consta mi postura en el concejo reiterando la necesidad de robustecer esa unidad”.
El concejal Sebastián Vera cree que falta una mirada fiscalizadora con mayor celo y transparencia: “Considero fundamental revisar todos los antecedentes disponibles y asegurar que el proceso se desarrolle con transparencia, probidad, libre competencia y estricto apego a la normativa. No voy a prejuzgar, pero tampoco voy a dejar de fiscalizar cuando existen antecedentes que merecen ser revisados”.
Pero Vera levanta otra alerta que dice relación con las limitaciones operativas del Concejo comunal “porque no contamos con equipos técnicos propios a nuestra disposición como los alcaldes”
Coinciden en que la Unidad de Control Interno necesita ser fortalecida en el municipio de Coyhaique, pero la reciente experiencia pone de manifiesto que el encargado de dicha unidad carece de la confianza de la autoridad. Tras su detallado informe que sugería no seguir adelante con la megalicitación, fuentes de DeNota aseguran que el jefe de control fue víctima de “una encerrona” por parte del equipo cercano a Gatica, incluida Paz Foitzick, su jefa de Dideco.
Los antecedentes del fallido proceso de adjudicación de $5.000 millones ya ingresaron formalmente a la Contraloría General de la República. Fue el propio concejal Sebastián Vera quien se ocupó de aquello, luego de que la sesión del Concejo fuera suspendida sin justificación alguna y tras constatar las discrepancias entre la Dirección Jurídica, que respaldaba la adjudicación, y la Dirección de Control, que advertía vicios de legalidad.
Con todo, queda a la vista un problema estructural en la Municipalidad de Coyhaique, cuya Unidad de Control parece asfixiada, pues a pesar de auditar contratos de miles de millones de pesos, opera con apenas 3 funcionarios y acumula 11 meses con un déficit de 44 horas profesionales semanales, lo que incumple una recomendación de la propia Contraloría. El dato proviene de la misma Dirección de Control Municipal y puede leerse en su Informe de Control Interno número 20/2026.
Este reportaje del equipo de investigación de DeNota ha detectado alertas que se ignoraron en la plataforma Mercado Público. A pesar de que las 3 razones sociales de la proveedora concentran más de $1.750 millones en compras municipales, y no obstante la querella por cohecho en Puerto Montt que detalla transferencias directas de Carola Henríquez a cuentas personales de jefes municipales, las bases administrativas de la Municipalidad de Coyhaique no detectaron los riesgos de libre competencia ni de probidad.
Por último, desde DeNota cabe mencionar que el hermetismo político de dos tercios del Concejo Municipal, a pesar de la evidente gravedad de los hechos expuestos atenta contra la transparencia y el derecho a la información.
La Contraloría, nuevamente, tiene la palabra.
