Por Patricio Espinoza Bravo | Periodista | @patricioeb
“Atendiendo a la solicitud que nos hicieron las mujeres privadas de libertad del Centro Penitenciario de Puerto Aysén, las pudimos visitar para escuchar sus inquietudes y conocer en parte su realidad”. Así comienza el post publicado por la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género, encabezada por Isidora Gacitúa Goles.
La publicación agrega que el objetivo es “preocuparnos por la realidad de todas las mujeres de nuestro país, independiente de su condición, por su dignidad y por un #ChileParaTodas”. Sin embargo, el mensaje viene acompañado de imágenes donde aparecen claramente mujeres privadas de libertad. Y ahí surge el problema.
¿Existió una autorización expresa para la difusión de sus rostros? ¿Se evaluó el impacto de exponerlas públicamente en redes sociales institucionales? La línea es extremadamente delgada entre la necesidad de informar una acción y el deber de resguardar la identidad de personas que, más allá de estar cumpliendo una condena, siguen siendo sujetos de derechos. Justamente, el Estado -y en particular un ministerio cuya misión es la protección y promoción de derechos- debiera ser el primero en extremar cuidados.
En el ejercicio periodístico, mostrar a personas privadas de libertad dentro de un recinto penitenciario está estrictamente regulado y, en la práctica, prohibido ya que hay resguardos muy claros. ¿Por qué, entonces, una seremía sí puede hacerlo? La pregunta no es menor y habla de una preocupante liviandad en el uso de las redes sociales como vitrinas comunicacionales.
En otra arista, aparece lo que probablemente sea uno de los hitos menos relevantes para informar a la ciudadanía: la entrega de un vehículo institucional a la Corporación de Asistencia Judicial Biobío, con asiento en Coyhaique. Nueve fotografías, cinta tricolor, autoridades posando y un número significativo de funcionarios reunidos para celebrar -literalmente- la renovación de un móvil fiscal.
El post da cuenta, además, que el propio director general de la Corporación de Asistencia Judicial Biobío, Mauricio Decap, encabezó la ceremonia en el marco de una visita a la Región de Aysén. No es una interpretación: el texto lo dice explícitamente.
La pregunta vuelve a ser inevitable ¿Esto es realmente un hito comunicacional? ¿Es esta la información que la ciudadanía espera recibir desde servicios públicos cuya misión es garantizar derechos, acceso a la justicia o políticas públicas con impacto social?
Da la impresión que, en el tramo final de la administración Boric -y, en rigor, durante buena parte de estos cuatro años- existe una confusión profunda entre comunicar gestión y llenar redes sociales de contenido vacío. Todo se transforma en un bluf comunicacional, tan inflado como aquellos anunciados 144 kilómetros de pavimento en la Carretera Austral que nunca llegaron.
