Por Sermo Ferox
En Coyhaique, la política municipal ha decidido abrazar una disciplina curiosa: convertir la fiscalización en herejía. Dos concejales hacen lo que la ley les ordena; el resto del Concejo, en un gesto de notable creatividad institucional y política, ha optado por redefinir esa obligación como un atentado personal contra el alcalde Carlos Gatica. Y, por extensión lírica, contra la Patagonia entera.
Conviene recordar —aunque incomode— que las autoridades no están para sentirse cómodas. La normativa existe precisamente para lo contrario: para incomodar, para tensionar, para obligar a rendir cuentas. La fiscalización no es una gentileza ni un gesto de mala crianza; es el mínimo civilizatorio que separa la gestión pública del club de amigos. Por eso, cuando aparecen preguntas, informes o dudas, lo esperable no es el temblor moral, sino la respuesta documentada. Pero aquí, al parecer, preguntar es violencia, y responder, opcional.
De seis concejales, dos revisan números, contratos y decisiones. Los otros cuatro parecen haber descubierto una vocación más acorde con los tiempos: la contemplación. Observan, asienten, ríen, acompañan. Cultivan una profusa agenda social, donde la cercanía con el poder se mide en carcajadas, miradas cómplices, fotografías y silencios oportunos. Más que un órgano colegiado, el Concejo Municipal empieza a parecer un coro eclesiástico: afinado, disciplinado y, sobre todo, inofensivo.
Las sesiones, por su parte, han devenido en ejercicios de psicoanálisis amateur. Se discute la “intención” de quien pregunta, la “forma” de quien insiste, el “tono” de quien incomoda. El fondo —ese detalle menor llamado legalidad— queda relegado a un segundo plano. El alcalde, mientras tanto, parece ensayar una versión local de corte real: aplausos a tiempo completo, adhesión sin fisuras y una fe casi teológica en la perfección de la gestión. Si la Contraloría dice otra cosa, será, por supuesto, un exceso de imaginación o derechamente un atentado contra el palacio de Versalles de calle Bilbao esquina Cochrane.
Como en toda corte que se respete, no faltan los heraldos digitales. Cuentas de redes sociales, súbitamente interesadas en la salud emocional del municipio, dedican su tiempo a ridiculizar a quienes preguntan demasiado. Lo hacen con humor —dicen—, aunque el chiste siempre apunta en la misma dirección: desacreditar la fiscalización y ennoblecer la obediencia ciega, sorda y muda. Es una pedagogía eficaz: quien cuestiona, molesta; quien aplaude, pertenece.
El problema es que, entre tanto ruido cuidadosamente dirigido, hay asuntos menos fotogénicos que siguen esperando respuesta. Contraloría, Tribunal Electoral, consultas pendientes. Temas áridos, poco aptos para reels, pero esenciales para cualquier democracia que aspire a algo más que la estética del progreso. Aquí, en cambio, parecen estorbar. Interrumpen la narrativa. Ensucian el cuadro.
Conviene decirlo sin dramatismos: la corrupción no es una teoría conspirativa ni un mal gusto literario. Es una posibilidad concreta que se alimenta, precisamente, de ambientes donde la fiscalización se mira con sospecha. El recelo ciudadano —ese que tanto incomoda— no es odio; es higiene social. Es la presión mínima que evita que el poder se convierta en un marcapasos de la autoridad.
Mientras tanto, el alcalde enfrenta este escenario como gato de espaldas: erizado, reactivo, convencido de que el problema no es el fuego, sino quien señala el humo. Y así, lo importante vuelve a quedar fuera de cuadro. Como diría Luca Prodan, mejor no hablar de ciertas cosas.
Nadie propone incendiar el municipio ni sembrar sospechas gratuitas. Pero tampoco corresponde infantilizar el debate ni blindar la gestión con un ejército de entusiastas. Las autoridades, todas, pueden equivocarse. Algunas, incluso, algo peor. Para eso existen reglas, controles y —aunque parezca incómodo recordarlo— concejales que fiscalizan.
La ciudadanía haría bien en exigir menos épica y más claridad. Menos devoción y más datos. Porque si la función pública se reduce a una liturgia de aplausos, quizá sea más honesto sincerar el modelo: volver al feudalismo, coronar al rey de turno y reemplazar la rendición de cuentas por la obediencia, temiendo siempre el destierro. Al menos sería coherente con lo que vemos a diario.
Y a los concejales, en particular, convendría recordarles que su cargo no es ornamental ni gratuito. Es remunerado, bien remunerado, y con una flexibilidad que muchos trabajadores envidiarían. El mínimo exigible no es la lealtad personal, sino el cumplimiento riguroso de su función. Fiscalizar, incluso cuando incomoda. Sobre todo, cuando incomoda.
Sería, de hecho, bastante sencillo desmontar cualquier sospecha: bastaría con que la bancada no fiscalizadora expusiera, con documentos en mano, las razones por las cuales todo está en orden. Transparencia, se llama. Pero eso exige algo más complejo y agotador que un aplauso: trabajo.
En política, todo tiene explicación. Y la del alcalde Gatica parece una biografía en movimiento: posiciones que cambian, alianzas que mutan, convicciones que se ajustan al clima. De los verdes arbolitos y el trístemente célebre #seguimos, a un acercamiento brutalmente calculado con la derecha hoy gobernante, siempre con la brújula apuntando al siguiente peldaño. Después del municipio, por supuesto, siempre hay algo más, no olvidemos el Congreso, donde se consolidan los malos gobernadores, alcaldes y concejales que legislando buscan tapar su mediocre pasado.
Digámoslo sin adornos: fiscalizar no es un capricho, es la base. Si se hace bien, se continúa. Si no, se termina. Así funciona para la mayoría de los ciudadanos que financian este sistema. Lo curioso es que, en Coyhaique, hemos decidido celebrar la excepción: pagar por funciones que no se cumplen y llamar a eso progreso. Un progreso que, por ahora, se percibe más en la escenografía y en festivales televisados que en la sustancia.
Pero claro, siempre queda la opción más cómoda: seguir aplaudiendo. Hasta que el eco, inevitablemente, se confunda con silencio.
