Según antecedentes contenidos en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°18 de la Contraloría General de la República, la situación local se enmarca en un déficit estructural de fiscalización a nivel nacional. De acuerdo con el organismo contralor, más de 7.000 faenas mineras en el país no han sido fiscalizadas por más de dos años, lo que evidencia una caída sostenida en la cobertura de inspecciones por parte del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), entidad responsable de esta función.
Durante el período analizado, la cobertura nacional promedio de fiscalización alcanzó apenas un 20%, registrando además una tendencia a la baja: 25% en 2022, 21% en 2023 y solo 14% en 2024. Este escenario, advierte Contraloría, incrementa de manera significativa los riesgos ambientales, operacionales y de seguridad laboral en una industria estratégica para el país.
Casos sin fiscalización en Aysén
Aunque el territorio figura entre las regiones con menor número de faenas mineras activas, el informe identifica casos concretos de operaciones que no han sido fiscalizadas por más de dos años, confirmando que la problemática no se limita a las zonas de alta concentración minera del norte de Chile.
En específico, el reporte da cuenta de dos faenas en la región que superan los 24 meses sin fiscalización, una cifra que adquiere especial relevancia considerando la fragilidad ambiental del territorio.
Entre las operaciones mencionadas se encuentra el Proyecto Equus Esperanza, emplazado en la comuna de Chile Chico, clasificado como Categoría C y en condición de “irregular operativa”, lo que implica que mantiene actividad sin cumplir plenamente con los estándares regulatorios exigidos. A ello se suma la Minera Cerro Esperanza, ubicada en Coyhaique, también de Categoría C, que figura como activa y requiere seguimiento permanente debido a su localización y características operativas.
Fiscalizadores: baja carga aparente, resultados insuficientes
El informe de Contraloría también cuestiona la distribución territorial de los fiscalizadores de Sernageomin, señalando que no responde de manera eficiente al número ni a la complejidad de las faenas existentes. En Aysén, la relación es de cuatro fiscalizadores para 22 faenas, lo que arroja un promedio cercano a tres faenas por funcionario, una de las tasas más bajas del país.
Sin embargo, el documento advierte que esta aparente holgura no se traduce en una cobertura efectiva, ya que persisten faenas sin inspección y una marcada desigualdad en la carga de trabajo a nivel nacional. Mientras algunos fiscalizadores realizaron más de 2.000 controles en tres años, otros no superaron el centenar, reflejando falencias en la asignación de funciones y en la priorización de riesgos.
Medidas urgentes
Ante este escenario, la Contraloría instruyó a Sernageomin a adoptar medidas urgentes de priorización, fortalecer su rol fiscalizador y redistribuir de manera más eficiente los recursos humanos disponibles, especialmente frente a la persistencia de miles de faenas sin supervisión en el país.
En el caso de regiones como Aysén, el organismo enfatiza que el menor volumen de actividad minera no debe traducirse en una relativización de los riesgos, advirtiendo que una fiscalización tardía o inexistente puede tener consecuencias ambientales y de seguridad significativas en faenas que operan en condiciones irregulares.
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