Por Rodrigo Campusano Villagra | Periodista | @periodistadelsur
Coyhaique es una ciudad pequeña y se hizo notorio y conocido que el Dispensario Nacional vendía, entre otras cosas, cigarrillos listos para fumar. ¿De qué manera estas situaciones perjudican a los usuarios medicinales?
Lo primero es separar las cosas. Si existen antecedentes de eventuales delitos, tienen que investigarse y determinarse las responsabilidades correspondientes. Pero eso no puede significar que metamos en el mismo saco a miles de pacientes que utilizan cannabis como parte de un tratamiento médico.
El principal perjudicado sigue siendo el paciente usuario de cannabis medicinal. Aunque existe una regulación clara, la falta de protocolos que ordenen la aplicación de la ley hacen que los pacientes queden expuestos a la incertidumbre, a problemas de acceso y, en algunos casos, a ser tratado como si estuviera cometiendo un delito por seguir un tratamiento.
Y hay un punto jurídico importante: la Ley 20.000 reconoce el uso personal de cannabis, y cuando es para tratamientos médicos establece ciertas condiciones. Por ejemplo, la receta debe ser emitida por un médico tratante, indicar diagnóstico, tratamiento, duración y forma de administración; además, la ley establece que esa administración no puede ser mediante combustión.
¿Dónde está la frontera entre una prescripción médica legítima y una receta expendida sin mayor control?
La frontera debe estar en el acto médico y en la trazabilidad del tratamiento. Una prescripción legítima es el resultado de una atención de un médico tratante, en la que se señala el diagnóstico, la duración del tratamiento y su forma de administración. Eso no es lo mismo que entregar recetas de manera indiscriminada para que alguien pueda acceder a cannabis sin una evaluación médica real.
Y esto no es solamente una discusión ética. La propia Ley 20.000 sanciona al médico que prescribe cannabis sin necesidad médica real.
Por eso he planteado que el gobierno anterior no cumplió con su obligación de dictar los protocolos para el uso medicinal, la ley ya existe, pero le falta un marco claro que evite situaciones como las que vimos en las últimas semanas y que brinde certezas a la comunidad de pacientes.Hoy aún muchos pacientes que cumplen absolutamente con la ley y aun así son allanados y sometidos a procesos judiciales, justo lo que la ley buscaba impedir.
¿Deben ser los médicos garantes del consumo de cannabis o debe abrirse su control para las personas adultas?
En el ámbito medicinal, necesariamente tiene que existir una responsabilidad médica. No podemos convertir una terapia en una relación comercial donde simplemente se compra una receta.
Ahora bien, una cosa es el uso medicinal de cannabis y otra discusión distinta es el cultivo para consumo adulto, también despenalizado en Chile, cuando es para uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo.
Un paso importante sería avanzar desde el Ejecutivo o desde el poder legislativo hacia una regulación integral del cannabis, por ejemplo, como la que hemos propuesto desde la Bancada Transversal Regulación por La Paz. Hoy está despenalizado el uso personal, pero no aún reguladas todas sus vías de acceso, como por ejemplo el expendio. Toda discusión sobre regulación integral para uso adulto, tiene que realizarse con evidencia, controles de calidad, protección de menores, prevención y trazabilidad.
¿Qué se está haciendo desde el Congreso para aportar al control de daños y a la prevención en adolescentes?
A mí me gusta hablar de gestión de riesgos y reducción de daños; ese debiese ser el eje rector de una efectiva política de prevención. Aquí tenemos que ser muy claros: la protección de niños, niñas y adolescentes debe estar en el centro, y eso se hace con educación.
La prevención no puede reducirse solamente a perseguir o castigar. Necesitamos educación, detección temprana, apoyo a las familias, atención de salud mental y tratamiento cuando exista consumo problemático de alguna sustancia..
Y también necesitamos impedir que los adolescentes tengan acceso a circuitos destinados a adultos. La propia legislación ha ido incorporando mayores herramientas de protección para niños, niñas y adolescentes.
Desde el Congreso tenemos que fortalecer justamente esa dimensión preventiva, porque proteger el acceso medicinal de niños y adultos, y prevenir el consumo problemático adolescente no son objetivos contradictorios. Y, por supuesto, insistir en la pronta elaboración de protocolos que eliminen zonas grises que solo perjudican a las personas.
Pero ojo, más allá de las regulaciones que podamos trabajar en el Congreso, es el Estado el que ha desarrollado una política de drogas que a mi juicio ha fracasado y que ha abierto la puerta al ingreso de otras sustancias de origen químico y que van cambiando más rápido que la regulación. El Estado ha fracasado en su política de drogas porque sus soluciones no conversan con lo que ocurre en la realidad. La guerra a las drogas sigue destinada al fracaso, por eso las sociedades modernas avanzan, arrebatando mercado al crimen organizado, regulando el cannabis y sus múltiples usos.
Se habla de 16 mil usuarios medicinales que quedaron sin su tratamiento. ¿Hasta dónde esa cifra es verídica si consideramos a quienes compraban cigarrillos armados?
Hay que ser rigurosos con esa cifra. Los 16 mil corresponden a los socios que el propio Dispensario Nacional señaló públicamente, habrá que esperar el resultado de la investigación para saber si había desviación del cannabis para otros usos. Pero la realidad es que 16 mil personas perdieron su forma de acceso seguro al cannabis, y hoy son empujados a los brazos del mercado negro, exponiéndose así al contacto con el mundo narco.
Un número importante de personas dependían de ese circuito para acceder a productos que eran parte fundamental de sus tratamientos. Y esas personas necesitan una respuesta sanitaria y regulatoria.
Si hubo quienes vendían cigarrillos para un uso recreativo, eso es una situación particular que debe ser investigada. Y ojo, no porque fumar cannabis no produzca alivio de ciertos síntomas, claro que sí lo hace; no se prescribe la vía pirolítica por el eventual daño del humo a los pulmones, parecido a lo que ocurre con el tabaco, aunque en menor medida. O sea, un paciente que fuma se alivia, pero perjudica sus vías respiratorias.
¿Cuándo y cómo nos sacamos la careta de quienes se consiguen recetas para evitar problemas legales, pero son usuarios recreativos?
No podemos partir de la sospecha de que todo usuario de cannabis para uso medicinal está utilizando una receta como excusa. Eso sería injusto para pacientes que efectivamente necesitan su tratamiento. La pregunta más bien es qué falta en nuestro marco regulatorio para que hoy se estén produciendo estas situaciones. Si existen personas que no son pacientes sino usuarios adultos y quieren un acceso seguro, sin contacto con el crimen organizado, ¿qué opciones tiene hoy? Es el Estado el que está en falta al no hacerse cargo de esta situación. Porque me imagino que todos estamos de acuerdo en que queremos impedir que los ciudadanos sean empujados a las fauces del poder narco en Chile.
¿Por qué cree que el Gobierno de Boric no cumplió con su rol de dictar los reglamentos para el uso medicinal? ¿Quedó en deuda con los usuarios medicinales?
Sí, creo que quedó una deuda importante pero no soso con los usuarios medicinales. También se comprometió a terminar con la criminalización de todos los usuarios, no solo pacientes. Durante años planteamos la necesidad de contar con reglas claras que permitieran regular adecuadamente el acceso tanto el uso medicinal como el uso adulto del cannabis. Claramente, dentro de sectores del anterior oficialismo, habían sectores que estaban (y siguen estando), por el prohibicionismo.
Yo en lo particular, hasta el último día del gobierno anterior insistí con la ex ministra Macarena Lobos para dejar el reglamento listo y no tuvimos respuesta. Esas zonas grises, son las que hoy nos tienen en esta situación, no podemos repetir ese error.
¿Temen que se restrinja la legislación sobre cannabis durante el Gobierno de Kast?
Peocuparía cualquier intento de retroceder en derechos o de restringir injustificadamente el acceso a tratamientos médicos de cannabis, pero no creo que ocurra. Estamos hablando de un universo inmenso de personas.
La discusión debe ser al revés: tenemos que fortalecer la regulación del uso medicinal del cannabis, establecer estándares sanitarios, trazabilidad, control de las recetas y fiscalización efectiva de los dispensarios. Por eso, en las próximas semanas y con esta nueva configuración de la cámara, vamos a reimpulsar la Bancada Transversal Regulación por La Paz, con parlamentarios de distintos partidos, con el fin de cerrar estas zonas grises que quedaron en el ámbito medicinal y avanzar en los desafíos pendientes; armonización de la clasificación del cannabis y regulación de las vías de acceso para uso adulto.
Mi posición es muy clara: mano firme cuando se prueba efectivamente un delito, pero también protección efectiva para los pacientes medicinales y las corporaciones de pacientes. No quiero que una persona que tiene una enfermedad y cuenta con una indicación médica termine pagando las consecuencias de las fallas de coordinación del Estado. Es increíble ver como aún hoy, en los alegatos de cierre de causas judiciales por cannabis, los fiscales, con toda la prueba a la vista, siguen pidiendo 5, 8 o 10 años de cárcel para pacientes con receta médica vigente. Los tribunales fallan una y otra vez a favor de los pacientes, en concordancia con la ley vigente y la jurisprudencia chilena. Resulta bastante absurdo.
Recordemos que en Chile está despenalizado el uso de todas las sustancias, y el cultivo personal de cannabis no está penalizado en la Ley 20.000, tal como lo reafirma sentencia del Tribunal Constitucional del año 2023, rol 14.146-2023 ; nos es punible el cultivo de cannabis con autorización del SAG(cultivo agrícolas con fines industriales, no es punible para uso terapéutico con receta médica, no es punible el cultivo de unas pocas plantas para uso personal. Eso debiese respetarse a ultranza, y, desgraciadamente, aún no ocurre.
