Por Felipe Henríquez Raglianti | Columnista de DeNota
Cuando se trata de los impuestos, no existe espacio para las ambigüedades. Cualquier propuesta destinada a aliviar la carga tributaria es recibida con desconfianza o derechamente con oposición. Lo dejan claro, el Estado necesita recursos y, por tanto, los empresarios deben contribuir.
Recordemos, los impuestos no son voluntarios. Nadie los escoge. Si a una persona le preguntamos ¿quieres que te subamos los impuestos? o ¿quieres que este mes no te cobren el IVA? probablemente la respuesta sería que no suban y que no me los cobren. Pero no es una opción, son una imposición legal. Quienes emprenden, invierten, producen y generan empleo no tienen la opción de decidir si pagan o no. El Estado nos obliga, y el incumplimiento trae sanciones. Sin embargo, cuando el debate se traslada al Crédito con Aval del Estado, pareciera que los principios cambian.
En este caso no estamos frente a una obligación impuesta por la ley, sino ante un contrato celebrado libremente entre partes. Personas que recibieron financiamiento para cursar estudios superiores y que, a cambio, asumieron el compromiso de restituir esos recursos bajo determinadas condiciones. Es decir, una obligación nacida no de la fuerza del Estado, sino de la palabra empeñada.
Sin embargo, desde esos mismos sectores que consideran incuestionable el pago de los impuestos, se ha instalado durante años una suerte de legitimación moral del no pago del CAE. No hablamos aquí de quienes atraviesan situaciones económicas complejas, pues siempre habrá circunstancias que ameriten soluciones especiales y mecanismos de apoyo. Hablamos de aquellos que, teniendo capacidad de pago, simplemente deciden no cumplir con una obligación que contrajeron libremente.
La paradoja es difícil de ignorar. Para ellos, las obligaciones impuestas son sagradas y las obligaciones consentidas, en cambio, parecen ser optativas.
Lo llamativo es que esta concesión suele presentarse como un acto de justicia social. Pero no hay nada de progresismo en trasladar a toda la sociedad el costo de compromisos que otros decidieron asumir, que pueden hacerlo y no lo hacen. Al final las cuentas siempre las termina pagando alguien, el pagador de impuestos (contribuyente), incluidos aquellos que nunca accedieron a la educación superior o aquellos que sí hicieron esfuerzos y cumplieron con sus obligaciones o aquellos que para lograr esa educación sin deuda no conocieron vacaciones ni descanso, que para lograr el objetivo estudiaban de noche y trabajaban de día.
La confianza, la certeza jurídica y el respeto por la palabra empeñada son pilares esenciales para cualquier sociedad libre. Sin ellos, los contratos pierden valor y las responsabilidades comienzan a depender de la simpatía ideológica del deudor.
No puede existir una moral para quienes generan riqueza y otra para quienes contraen compromisos voluntarios.
La pregunta es simple. Si la obligación nacida de la ley merece respeto, ¿por qué la obligación nacida de la voluntad no?
Tal vez el verdadero progresismo no consista en relativizar las responsabilidades, sino en entender que una sociedad más justa exige exactamente lo contrario, que las reglas sean las mismas para todos y que el cumplimiento del deber no dependa de la conveniencia política ni de la afinidad ideológica.
Porque cuando lo impuesto es obligatorio y lo consentido es opcional, lo que termina instalándose no es la justicia, sino una peligrosa doble moral.
