Por Sermo Ferox
En Coyhaique parece haberse instalado una curiosa doctrina municipal: primero se hace, después se explica y, si alguien pregunta por los permisos, se le acusa de poner obstáculos al desarrollo. Una fórmula bastante cómoda para gobernar, especialmente cuando la transparencia se convierte en una molestia y la legalidad parece un trámite que puede resolverse con publicaciones pagadas, críticas de influencers locales o bien, el silencio político y administrativo.
El Parque Interurbano es hoy un ejemplo incómodo de esa manera de entender la gestión pública. No porque Coyhaique no necesite espacios de recreación, infraestructura y desarrollo urbano —los necesita, y mucho—, sino porque ninguna obra, por vistosa que sea su presentación, está por encima de las exigencias ambientales, sanitarias y administrativas que rigen para todos.
La pregunta es elemental: ¿están todos los permisos en regla? ¿Qué autorizaciones ambientales corresponden al proyecto y cuáles se han obtenido? ¿Qué antecedentes sanitarios respaldan sus instalaciones? ¿Dónde están los documentos que permiten despejar las dudas? A estas alturas, la ciudadanía no necesita más fotografías de inauguraciones ni discursos sobre el Coyhaique del futuro. Necesita respuestas documentadas y concretas. Entonces hay que hacerse una pregunta particularmente básica: ¿los baños cuentan con resolución sanitaria? Si la tienen, que el municipio la exhiba. Si no la tienen, que explique por qué se habilitaron o utilizaron sin que se haya acreditado públicamente el cumplimiento de las exigencias aplicables. La incertidumbre no demuestra por sí sola una infracción, pero la obligación de aclararla es ineludible cuando se administran recursos públicos y espacios destinados a la comunidad.
La autoridad sanitaria no está para decorar ceremonias ni para aparecer en la fotografía cuando todo funciona. Su tarea es fiscalizar, incluso cuando sus observaciones incomodan al poder político de turno. Y ahí aparece otro episodio revelador.
En febrero de 2026, durante la Expo Patagonia realizada en el Parque Urbano, la Seremi de Salud denunció ante Contraloría un presunto maltrato a sus funcionarios por parte de la directora de DIDECO, Paz Foitzick. La autoridad sanitaria sostuvo que hubo insultos y amenazas; la directora negó esas conductas —algo cada día más típico de nuestras autoridades comunales— y afirmó que solamente calificó de «descriterio» la oportunidad de la fiscalización, realizada dos horas antes de la inauguración. El municipio había ingresado el plan sanitario menos de 24 horas antes del evento, según la versión publicada por El Divisadero. El asunto debe investigarse y resolverse con antecedentes, no mediante condenas anticipadas, pero el episodio deja una pregunta política inevitable: ¿desde cuándo la fiscalización de la autoridad sanitaria se considera un estorbo que debe apartarse para no arruinar una ceremonia?
El problema no es que fiscalicen. El problema sería que el municipio pretenda que no lo hagan.
Y este no es un debate aislado de la manera en que se ha conducido la administración comunal. En julio de 2025, El Divisadero informó que Contraloría instruyó sanciones administrativas disciplinarias por contrataciones vinculadas a servicios municipales, entre ellos trabajos relacionados con la gestión ambiental, veredas y señaléticas. Más recientemente, en febrero de 2026, una investigación de BioBioChile abordó cuestionamientos a procedimientos de contratación y al término de la concesión de parquímetros, incluyendo antecedentes sobre responsabilidad administrativa del alcalde Carlos Gatica.
Son antecedentes que exigen escrutinio institucional, no licencias para dictar sentencias políticas sin fundamento. Pero tampoco pueden tratarse como episodios sin conexión con la pregunta de fondo: ¿qué estándar de probidad, control y respeto por los procedimientos está aplicando el municipio cuando ejecuta sus decisiones?
Convengamos que la probidad no consiste únicamente en evitar que alguien se lleve dinero en un maletín. También exige decisiones fundadas, procedimientos regulares, transparencia, control y una disposición real a rendir cuentas. La legalidad no es un obstáculo burocrático para la gestión: es precisamente lo que distingue la administración pública de un caudillo, dictador, o sencillamente, una autoridad corrupta.
El alcalde puede tener una visión de ciudad. Puede impulsar proyectos ambiciosos, buscar inversiones y promover infraestructura. Lo que no puede hacer es convertir su voluntad política en una autorización tácita para saltarse controles o dejar preguntas legítimas sin respuesta. Cuando las dudas sobre permisos se acumulan, las fiscalizaciones incomodan y las explicaciones no llegan con la claridad necesaria, el problema deja de ser comunicacional, se vuelve institucional.
Coyhaique no necesita un modelo de desarrollo basado en hechos consumados, permisos bajo sospecha y respuestas a la defensiva. Necesita obras bien ejecutadas, legalmente respaldadas y transparentes desde su origen. Necesita autoridades que comprendan que inaugurar no equivale a cumplir y que gastar recursos públicos no constituye, por sí solo, una demostración de buena gestión.
Si el Parque Interurbano cumple con toda la normativa, demostrarlo debería ser sencillo: publicar los antecedentes, transparentar las autorizaciones aplicables y responder las observaciones pendientes. Si existen incumplimientos, corresponde corregirlos y determinar las responsabilidades que procedan.
Lo que no resulta aceptable es pedir confianza mientras se mantiene la incertidumbre.
Un parque puede construirse con hormigón, senderos y luminarias. La confianza pública, en cambio, se construye con legalidad, transparencia y probidad. Y ninguna inauguración, por multitudinaria que sea, puede reemplazar esas tres cosas.
