Por Sermo Ferox
Hay algo profundamente irritante en la política regional: quienes tuvieron las llaves de la billetera fiscal hasta hace poco, quienes administraron el Gobierno Regional durante cuatro años y quienes no consiguieron convencer a la ciudadanía para continuar al mando, reaparecen ahora convertidos en catedráticos de gestión pública. Al parecer recien descubrieron la responsabilidad fiscal, la eficiencia y la buena gestión. Lástima que la iluminación haya llegado tarde.
La ex gobernadora, hoy diputada y el ex administrador regional han salido a cuestionar las rebajas presupuestarias que afectan a Aysén y la propuesta del gobernador Marcelo Santana. Y, por supuesto, hay motivos legítimos para discutir cada peso que se le quita a una región extrema. Lo que resulta pintoresco es el espectáculo de quienes pretenden impartir lecciones de administración pública como si fueran dueños de la razón y no de una gestión política que lamentablemente, fue debut y despedida.
Macías no llegó a la Cámara desde una cátedra universitaria de finanzas públicas. Fue gobernadora regional entre 2021 y 2024. Conoció las restricciones de Hacienda, las dificultades para ejecutar inversiones, las tensiones con los municipios y el laberinto burocrático que separa un anuncio de una obra terminada. Adio (no el formalizado), desde la administración regional, conoció todavía más de cerca la cocina presupuestaria: sus compromisos, sus prioridades y sus problemas.
No eran espectadores. Eran responsables.
Conviene recordar que, al cierre de 2024, el Gobierno Regional enfrentaba dificultades para recibir la totalidad de las remesas solicitadas: de casi $9.000 millones requeridos, habían llegado alrededor de $4.000 millones. La situación generó preocupación por el cumplimiento de compromisos con proveedores, municipios y otras entidades públicas. La información fue publicada en diciembre de ese año, cuando terminaba la administración de Macías. Ese antecedente no autoriza a atribuirles personalmente cada dificultad financiera, pero sí impide que hoy se comporten como si los problemas presupuestarios hubieran nacido con el gobernador Santana. La administración pública no funciona con capítulos independientes, donde cada autoridad saliente puede acomodar la historia a su conveniencia.
Lo que es lisa y llanamente ridículo es la pretensión de repartir acreditaciones de buena gestión desde la comodidad de la oposición, como si perder una elección borrara automáticamente las responsabilidades del gobierno anterior. La ciudadanía no los eligió para administrar eternamente. Y esa decisión merece, al menos, un poco de humildad.
La propuesta gubernamental de Presupuesto 2027 contempla una rebaja cercana a los $250.000 millones para los gobiernos regionales del país, según los antecedentes discutidos en el Congreso. La reducción amenaza con limitar inversiones y programas esenciales, y resulta razonable que los representantes de Aysén levanten la voz. Es lo mínimo que se espera del difuso y ajeno trabajo parlamentario.
Sin embargo, hay una diferencia entre defender a la región y aprovecharse de sus dificultades para reconstruir una reputación política que existe sólo en el imaginario de una camarilla de feligreses incondicionales. Macías puede cuestionar a Santana. Adio puede discrepar de sus criterios. Ambos tienen derecho a hacerlo. Lo que no tienen es un cheque en blanco para pontificar sin someter sus propias actuaciones al mismo escrutinio que exigen a sus sucesores.
Si la diputada denuncia falta de planificación, que explique qué decisiones tomó durante su mandato para mejorarla. Si el ex administrador cuestiona la eficiencia del gasto, que aporte antecedentes concretos para comparar los resultados de la gestión que conoció desde dentro. Si consideran que la propuesta de Santana es equivocada, que presenten una alternativa viable, financiada y verificable.
Eso sería política adulta. Lo demás es política rasca.
Y aquí va una verdad que incomoda: haber ocupado un cargo público no convierte a nadie en experto infalible y, haberlo perdido tampoco convierte al derrotado en juez de sus sucesores.
Aysén no necesita una guerra de egos entre quienes administraron ayer y quienes administran hoy. Necesita saber qué recursos se pierden, qué proyectos se paralizan, qué compromisos están en riesgo y quién debe responder por cada decisión. Necesita menos conferencias de superioridad moral y más rendición de cuentas, ya que los presupuestos no se ejecutan con discursos, los empleos no se crean con cuñas y las obras no se terminan con declaraciones de prensa.
La política regional lleva demasiado tiempo confundiendo el ejercicio del poder con el mérito personal. Cuando se gobierna, todo se explica por la complejidad del sistema; cuando se pasa a la oposición, todo parece consecuencia de la incompetencia ajena. Esa doble vara no es fiscalización: es oportunismo, desinformación y simplemente, una burla al intelecto de la gente. Y la derrota electoral, aunque no sea una sentencia sobre cada decisión adoptada, debería servir al menos para una reflexión. No para guardar silencio, sino para recordar que la ciudadanía también evalúa resultados, prioridades y credibilidad. El problema de algunos políticos no es que se equivoquen. Es que, cuando les toca responder por sus errores, descubren que la culpa siempre estuvo en el escritorio de al lado.
Macías y Adio tienen todo el derecho a cuestionar la rebaja presupuestaria. Pero si quieren dar clases de administración pública, que partan por exhibir su propio examen. Con cifras, con documentos y sin omitir los capítulos oscuros de su paso por el Gobierno Regional. La región merece algo mejor que una clase magistral dictada por quienes olvidaron que también estuvieron frente a la pizarra.
Y si de verdad quieren defender a Aysén, que lo hagan con propuestas, antecedentes y autocrítica. La indignación es fácil cuando se traduce en tirar piedras desde la galería.
En política, la memoria selectiva es el último refugio de quienes quieren conservar la autoridad sin cargar con la responsabilidad.
