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En conversación exclusiva con DeNota, el abogado Braulio Sanhueza detalló la presentación del escrito que busca la destitución del mandamás municipal, tras una serie de irregularidades que pasaron por un costado del Sistema de Compras Públicas.
Braulio, quien formalizará esta mañana la presentación junto a los concejales Ana María Navarrete y Sebastián Vera, dijo que “hay un aire de opacidad, de oscurantismo absoluto respecto de las operaciones del municipio (de Coyhaique) y súmale a eso el hecho de que si no existe un concejo que realmente fiscalice, que no tenga una mayoría que fiscalice, es un un concejo cómplice de esas actuaciones del alcalde. Hay omisión de licitaciones públicas, hay zonas de mucha opacidad en la gestión administrativa, ¿por qué no se recurre al sistema de licitación pública? Esto constituye una presunción de falta a la probidad”.
Se estableció que durante la administración de Carlos Gatica se han omitido 4.400 millones de pesos de licitaciones públicas a través, principalmente, de la figura “regulariza y reconoce”. Son compras de $40.000 hasta $302.000.000.
Hay casos puntuales que levantaron las sospechas del equipo legal -que tiene amplia experiencia en perseguir la corrupción en diversos municipios del país. Como el del empresario Carlos Ulloa que aparece con 9 RUT distintos en estos decretos “regulariza y reconoce”, “con empresas distintas contratadas por él mismo”, dice Sanhueza.
Para el abogado, la tardanza de la Contraloría en el sumario administrativo ordenado en 2023 a raíz de estos hechos, “es difícil de explicar por la gravedad de los asuntos que están comprometidos porque es una constante”. Y para graficarlo exhibe el caso de contratación del grupo musical Los Vásquez: “Realizaron una presentación el año 2023 en la Expo Patagonia y de la misma forma se pagó 16 meses después de que esta presentación supuestamente se hubiese hecho y Contraloría observa cosas muy concretas, como por ejemplo que se están pagando prestaciones duplicadas, es decir, se pagó dos veces por lo mismo, por ejemplo, en un concierto que se llamaba Concierto Íntimo se pagaron servicios de streaming en circunstancias de que era un concierto privado y que nunca se transmitió por streaming, se contempla el pago de 8 millones de pesos, entonces que alguien me explique cuál es el fondo, cuál es la causa de ese pago. Y no hay ninguna, entonces la impresión que me formo es que en el municipio hay una maquinaria de corrupción y un silencio de buena parte del Consejo Municipal Regional”.
Sobre esto último cabe recordar que existe una notoria división y un distanciamiento entre los concejales Vera y Navarrete, y sus colegas Felipe León, Yohana Hernández, Ricardo Cantín y Marcela Agüero. Estos 4 últimos no han reparado en estos antecedentes ni apoyan esta presentación que, según el abogado Sanhueza, puede tener una rápida resolución.
"Nos asiste el convencimiento de que hay hechos de corrupción que tienen que ser sancionados y que la comunidad tiene que salir de este marasmo, de este empantanamiento que tiene hoy en día, de este inmovilismo, de esta indiferencia que hay respecto de estos hechos de corrupción. El tribunal electoral regional decidirá y nosotros estamos pidiendo derechamente la destitución del alcalde", cuenta Sanhueza.
Otro caso relevante en esta investigación fue el pago de 302 millones de pesos por concepto de contratación de mano de obra para el sistema de regularización en áreas verdes. Esto se hizo, dice Sanhueza, “con dineros que provinieron de Gobierno Regional. No hubo un hito que validara los trabajos que se efectuaron, no había un contrato entre el contratista y el municipio”.
A partir de hoy, se publicará un extracto de esta denuncia en la prensa por instrucción del tribunal, el alcalde será notificado y tiene 10 días para contestar, para luego pasar a la fase probatoria y a una eventual sentencia.
Sebastián Vera dijo que "esto es algo que pueden hacer todos los concejales y nace porque vimos distintas situaciones que son irregulares y así lo ha dicho la propia Contraloría. La ciudadanía se queda con un disgusto de que no se hace nada más. que no se puede sancionar de otra manera al alcalde, que no hay responsables de los actos ilegales irregulares. Somos dos concejales que políticamente pensamos distinto y esto no nace por una convicción política, sino por la convicción de hacer las cosas bien y entender el rol que cada uno de nosotros cumple".
Ana María Navarrete añade que "yo llevo cuatro años y medio como concejala y durante todo este período con el concejo vimos muchas situaciones que también presentamos a la Contraloría. Lo que tenemos hoy es un concejo distinto al anterior, donde he encontrado en lo que es fiscalización un aporte de parte del concejal Vera, cosa que no he encontrado en los otros concejales porque ellos asumen otra realidad y piensan que tenemos que enfrentar las cosas de distinta manera. Si nosotros siempre pensamos que esto tenía que hacerse conforme a las compras públicas y que no podíamos llegar a última hora a los tratos directos. Además, el sistema de compras públicas favorece al municipio para que tenga mejor rendimiento en su presupuesto".
A horas de presentar la denuncia que podría terminar con el alcalde Carlos Gatica destituido, el abogado Braulio Sanhueza sentencia: “Hay un sentimiento muy fuerte de frustración de sentirse acorralado por el poder fáctico, el sentimiento de que aquí reina el imperio de la corrupción; en buenas cuentas, que es lo que manda, que la gente honesta tiene que estar atrincherada sin decir nada".
