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* Por Rodrigo Campusano Villagra
A pesar de que ha querido jugar permanentemente el rol del ángel caído, comparándose incluso con Jesucristo, el hasta ahora senador por la Región de Aysen, Miguel Ángel Calisto está rodeado de 200 pruebas documentales y casi 70 testigos que, según la Fiscalía Regional de Aysén, demuestran que recibió transferencias millonarias de parte de su falsa asesora Carla Graf cuando era diputado entre los años 2018 y 2022. Nunca pudieron comprobar que Carla haya hecho trabajo alguno.
Tan importante es este personaje para la investigación que una de las pruebas está caratulada como “Hitos Carla Graf”, y abarca todas las idas y venidas de transferencias bancarias entre Graf y Calisto, que a la larga abultaron más de 105 millones de pesos, salidos desde asignaciones parlamentarias para pagarle el falso sueldo a la asesora, dinero que regresaba a las cuentas de Calisto. La Fiscalía dice que el entonces diputado hacia esto "a sabiendas" de que ella no cumpliría con las labores para las cuales supuestamente estaba siendo contratada.
Pero nos asiste una honda preocupación. Sabemos, después del caso Hermosilla (y también antes), lo corrompibles que son los Tribunales de Justicia en Chile, frente a la política y el dinero. Por eso preocupa la influencia que puede ejercer la política en la justicia, en este caso para salvar del encierro a Calisto, un aliado del Gobierno de Kast, y con ello mantener un voto más en el Senado de la República. Sin ir más lejos, el voto de Calisto es clave en el Senado para la megarreforma que se está discutiendo.
Recientes episodios judiciales nos han demostrado que la influencia política en resoluciones de tribunales existe y es un peligro latente para la democracia. Hemos visto jueces coimeados con viajes en lujosos cruceros. Lo hemos visto. Sabemos perfectamente cómo lo hacen. Los hemos escuchado. Ahí están los chats de Hermosilla, a estas alturas un emblema de la corrupción, influyendo en fallos y nombramientos. Todo por la patria, todo por el billete. Ahí los oímos, actuando en las sombras, maquinando, influyendo groseramente en procesos judiciales, reconfirmando la consigna de que las cárceles solo son para los pobres; y para los ricos, clases de ética y autopistas libres para conducir a la velocidad que ellos quieran.
En el caso de Calisto, el clientelismo es grosero. Medios de comunicación que le prestan ropa permanentemente, silenciando fallos y omitiendo noticias relevantes para la opinión pública; incumplen su rol de informar con veracidad y para que la población sepa lo urgente y lo importante. Omiten, esconden y protegen espacios de corrupción. Son parte de las cofradías del silencio.
Pero como el que se apura en la Patagonia pierde el tiempo, la defensa de Calisto, a través de su abogado César Ramos, ingresó un escrito para pedir nuevas diligencias porque según ellos no han tenido acceso íntegro a la carpeta investigativa. Con esto, podrían frenar que la causa se cierre antes del plazo del 9 de julio. Están haciendo tiempo, estrategia judicial ultraconocida. De todos modos, el juez Mario Devuad fijó audiencia para este martes a las 9:20 de la mañana, hora de Coyhaique, para resolver la solicitud de la defensa de Calisto. Días más, días menos, para la fiscalía el caso está más que claro. Y por lo mismo pide 12 años de cárcel para Miguel Ángel Calisto, senador que además debería ser desaforado para enfrentar un juicio oral que determine su responsabilidad. Si todo sigue su curso, con un senador desaforado, la Región de Aysén estaría -al menos un tiempo- subrepresentada en el Congreso Nacional.
Pese a todo, aspiro a que la democracia y el proceso sigan su curso. Hernán Libedinsky, fiscal regional, ha hecho un trabajo intenso y efectivo, cosa que su antecesor Carlos Palma, suspendido y formalizado en el caso Hermosilla, no hizo.
Esto dice textual la Fiscalía: “Entre los años 2018 y 2022, el entonces diputado Miguel Ángel Calisto se concertó con los imputados Roland Cárcamo y Carla Graf para obtener recursos de manera fraudulenta de parte del Fisco, a través de un mecanismo defraudatorio en perjuicio del Congreso, originándole una pérdida por $105.554.697".
Y resume todo diciendo que “se trata de asesorías fantasmas y de una caja pagadora”. Fraude al fisco. Corrupción.
* Rodrigo Campusano es periodista y director de DeNota
